LAS ABOGADAS Y ABOGADOS

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

Uno de los puntales de nuestro sistema de administración de justicia es el profesional que conocemos con el nombre de abogado o abogada. Estas son las personas que el Estado autoriza, previo cumplimiento de varios requisitos, a representar los intereses y defender los derechos de los demás.

Los aspirantes a la práctica de la abogacía deben completar un bachillerato y tres años de estudios especializados en Derecho en una facultad reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Estado tiene un interés muy alto en garantizar la competencia de los profesionales del Derecho. Por esta razón, estableció un examen de acceso profesional que se conoce como la reválida que es administrado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico dos veces al año.

Luego de aprobar la reválida y antes de que el profesional de la abogacía preste el juramento que le autoriza a ejercer su profesión, debe pasar el crisol de un Comité de Reputación que evaluará las cualificaciones éticas y morales para ejercer la profesión jurídica. Este Comité publica un edicto en los periódicos para que cualquier persona pueda exponer razones justificadas por las cuales entienda que el aspirante no debe admitirse al ejercicio de la profesión.

Los abogados pueden realizar estudios adicionales a los requeridos para ejercer la profesión. Entre estos estudios se encuentran seminarios y conferencias que ofrecen los programas de educación continua de las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados, el grado de Maestría en Derecho (LL.M.) o el grado de Doctorado en Derecho (J.D.). Estos estudios adicionales permiten que se mantengan al día en los nuevos desarrollos del Derecho, les cualifican para ser profesores o profesoras en las facultades de Derecho y les ofrecen la oportunidad de profundizar en áreas especializadas.

En cuanto a las funciones del abogado, se puede decir que existen dos grandes áreas de competencia. La primera es el área del Derecho civil o las leyes que reglamentan las relaciones y negocios entre los ciudadanos. Bajo esta área se interviene para la resolución de controversias de puro interés privado como lo son las acciones o demandas de daños y perjuicios, divorcios, los cobros de dinero, relaciones de familia, etc.

Otra de las funciones del profesional del Derecho en el campo civil es la notaría. Solamente los abogados pueden ejercer la notaría. La notaría reglamenta lo establecido en ley para los actos y contratos entre ciudadanos. La intervención del notario permite que se traspasen los bienes muebles e inmuebles y que puedan inscribirse en los registros estatales que existen para garantizar la confiabilidad de dichas transacciones. La intervención del notario le da confiabilidad y autenticidad a los documentos que autoriza. Entre los documentos que se autorizan están los affidávit, conocidos comúnmente como declaraciones juradas, y las escrituras públicas, entre las que se encuentran los testamentos, contratos de compraventa, contratos de donación, segregación de terrenos y las actas notariales.

La segunda gran rama de trabajo del abogado es el área del Derecho público o las leyes que reglamentan principalmente las relaciones del gobierno con los ciudadanos. Dentro de esta rama se destaca el Derecho Penal o el que establece cuáles son las conductas dañinas para la sociedad y que dispone las penas que deben cumplir los que incurran en delito.

En dicho ámbito los profesionales del Derecho intervienen como fiscales o como abogados defensores; los primeros en representación del Estado Libre Asociado para acusar y los segundos en la defensa de los derechos de los acusados. También es importante en esta área el trámite en las agencias gubernamentales que reglamentan ciertos aspectos de la convivencia ciudadana. Entre éstas podemos mencionar el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Junta de Calidad Ambiental y la Oficina de Gerencia de Permisos(OGPE).

La función profesional del abogado no se limita a la litigación en los tribunales o en las agencias gubernamentales, sino que también asesora a la población, corporaciones o entidades para que puedan cumplir con las leyes aplicables a sus intereses o necesidades para evitar de esa forma problemas o conflictos.

Si el abogado tiene la oportunidad de informar a sus clientes, en las etapas tempranas del problema o asunto que deben atender, cuál es el curso de acción que deben tomar, se pueden evitar en gran medida las controversias judiciales.

 Por esta razón, es fundamental para una sociedad ordenada que las personas que tengan dudas en cuanto a determinado curso de acción o que prevean conflictos o controversias, consulten a tiempo a su abogado de preferencia, pues con este podrían evitar situaciones futuras que impliquen serios gastos y dilaciones innecesarias.