La Herencia
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
La certeza de la muerte y el deseo de prevalecer sobre ella, ha llevado a que el ordenamiento jurídico establezca una reglamentación bien detallada sobre el cumplimiento de la última voluntad de la persona fallecida y la disposición de sus bienes después de haber llegado el trance de la muerte. En Puerto Rico la ley permite a los ciudadanos que, dentro de unas limitaciones de carácter social, puedan disponer de sus bienes y establecer cláusulas y condiciones para su adjudicación después del momento de la muerte. Estas leyes son las que reglamentan cómo se hereda y cómo se tienen que preparar los testamentos.
La ley general sobre las herencias está en el Código Civil y establece la forma en que se van a distribuir los bienes y deudas u obligaciones cuando una persona muere sin haber preparado un testamento. Cuando se trata de una persona que no ha hecho testamento, la ley establece que en la mayoría de los casos heredarán en partes iguales los familiares consanguíneos vivos que estén más cerca en parentesco de la persona fallecida. Es decir, si son los hijos los que sobreviven, estos heredan todo en partes iguales. Si son los padres los que sobreviven, estos heredan todo en partes iguales; de la misma manera, si son los hermanos, etc.
El divorcio y la salud física y emocional de los hijos e hijas
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Uno de los procesos más difíciles en la vida de un ser humano lo constituye el divorcio cuando la pareja ha procreado hijos. El proceso de divorcio afecta física y emocionalmente a los cónyuges, pero tiene un impacto más grave en los hijos e hijas.
El ordenamiento jurídico puertorriqueño cuenta con una serie de mecanismos y procedimientos judiciales que tienen el objetivo de resolver este tipo de controversias en la forma más justa, rápida y económica y de proteger el interés y bienestar de las partes y los menores de edad involucrados en el conflicto. Sin embargo, la naturaleza adversativa del proceso de divorcio que se desarrolla cuando una parte no está de acuerdo con divorciarse, en muchas ocasiones crea una serie de circunstancias que perjudican directamente el bienestar físico y emocional de los menores.
Muchas veces las partes y sus representantes legales hacen del proceso de divorcio una guerra sin cuartel con el objetivo de destruir al adversario. Las partes no escatiman en el uso de los remedios y procesos judiciales con el objetivo de vindicar orgullos heridos o hacer reclamos económicos irrazonables. En estas batallas los menores siempre están entre la espada y la pared. En muchas ocasiones, lamentablemente a veces con el asesoramiento de abogados y abogadas, las partes utilizan a los menores como ficha o carta en el peligroso y difícil juego del divorcio. En muchas ocasiones, hasta los propios representantes legales pierden la perspectiva de que su deber en este tipo de trámite es garantizar el cumplimiento razonable de los derechos y las obligaciones de las partes y tener siempre como objetivo primordial el bienestar de los menores habidos en el matrimonio.
Reserva de Empleo de la Ley del Fondo del Seguro del Estado
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo establece una protección para los casos en que un obrero u obrera se incapacite temporeramente porque sufra un accidente o enfermedad relacionado con el trabajo al imponerle la obligación legal al patrono de reservarle el empleo por doce meses desde el momento que ocurre el accidente o enfermedad, sin poder despedirle a menos que medie justa causa.
El Artículo 5a específicamente dispone que: "En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de la Ley del Fondo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba la persona al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo, sujeto a las siguientes condiciones: (1) que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta o fuere autorizado a trabajar con derecho a tratamiento, y siempre y cuando dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses desde la fecha del accidente; (2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición, y (3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición.
La Ley del Sistema de Compensación por Accidentes del Trabajo
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
La Constitución de Puerto Rico establece en su Carta de Derechos que toda persona trabajadora debe estar protegida contra riesgos a su salud en el empleo. Por esto la Asamblea Legislativa creó la Ley del Sistema de Compensación de Accidentes del Trabajo, mejor conocida como la Ley del Fondo del Seguro del Estado (Fondo).
La razón principal de la ley es proveer un sistema de seguridad social para atender las lesiones en el empleo. Para lograr esto, la ley crea la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la cual, a través de un Administrador o Administradora, determina si el accidente que la persona empleada ha sufrido es un accidente del trabajo o no. Si el accidente está relacionado al trabajo, se ofrece servicios de diagnóstico, tratamiento, dietas y compensación por incapacidad. También se crea con esta ley, la Comisión Industrial de Puerto Rico, que es un organismo que será responsable de hacer cumplir la política pública y los propósitos de la Constitución y la legislatura. Además, evaluarán las resoluciones de los casos sometidos al Fondo del Seguro del Estado.
El despido injustificado
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Durante el siglo XX, las empresas comenzaron a tomar conciencia de la importancia que representan los recursos humanos y las relaciones obreros-patronales para aumentar los niveles de productividad. Hemos visto como ante los reclamos de los empleados y empleadas y las condiciones del mercado, los patronos se han visto obligados a conceder mejores condiciones de empleo. Sin embargo, la situación económica de crisis estructural puede obligar a la gerencia a tratar de reducir sus condiciones de empleo o aumentar la carga de sus jornadas, hasta eventualmente eliminar de sus nóminas grandes cantidades de empleados. Bajo estas circunstancias, la ley estima que esos despidos son justificados. Pero muchas veces los patronos despiden a algunos empleados por razones que no encuentran justificación en la ley, por lo que el despido del empleado se convierte en uno de carácter injustificado o ilegal.
La Ley 80 de 30 de mayo de 1976, es la ley que protege contra cualquier despido sin justa causa a todo empleado que preste servicios a cambio de una remuneración y que haya sido contratado por tiempo indeterminado. La ley establece que para alegar un despido injustificado el empleado debe estar en una de las siguientes situaciones específicas: Empleados ejecutivos, profesionales o administradores; empleados a jornada parcial; algunos empleados de la construcción y empleados del servicio doméstico. Sin embargo, la ley excluye expresamente a los trabajadores voluntarios, a los trabajadores por tiempo determinado y a los que están bajo contrato probatorio, entre otros. Con respecto a los empleados que están bajo contrato probatorio, la Ley 7 de 1 de agosto de 1988, enmendó la Ley 80, a los fines de establecer que si por su naturaleza se entiende que la relación con el empleado crea una expectativa de continuidad de empleo aparentando ser un contrato de empleo por tiempo indeterminado bona fide, los empleados así reclutados se considerarán como si hubiesen sido contratados sin tiempo determinado.
Las obligaciones y los contratos
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. El Código Civil dispone cuáles son las fuentes de las obligaciones en Puerto Rico, a saber: la ley, los contratos, los cuasicontratos y los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. La persona perjudicada por el incumplimiento de una obligación generalmente tiene el derecho a exigir la resolución o retornar a la condición anterior al contrato, o tiene derecho a exigir el cumplimiento específico. El que incumple una obligación o que en su cumplimiento incurre en dolo, negligencia o morosidad, tiene el deber de indemnizar a la otra parte contratante.
Existen diversos tipos de obligaciones y cada una está reglamentada tanto en su definición como en sus efectos. Hay obligaciones puras o sujetas a una condición. También hay obligaciones sujetas al transcurso del tiempo o un plazo, alternativas, mancomunadas, solidarias, etc. Cada una de estas circunstancias determina cómo debe cumplirse. Por ejemplo, en el caso de una obligación condicional, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición. En el caso de las obligaciones solidarias o mancomunadas, lo que va a variar es quiénes responden por la obligación y hasta qué grado.
Los Beneficios de la Ley de ACAA
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
En Puerto Rico contamos con la Ley 138 del 26 de junio de 1968 "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles" la cual crea la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Esta ley protege a las víctimas de accidentes automovilísticos mediante el pago de una prima que se pagará anualmente mediante la renovación de la licencia (marbete). Los beneficios de esta ley sólo se ofrecen por lesiones ocurridas dentro de Puerto Rico y los servicios médicos hospitalarios sólo se concederán dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Para efectos de esta ley, el término víctima se refiere a una persona natural que sufra daños, enfermedad, desmembramiento, incapacidad de generar ingresos o muerte, como consecuencia del uso de un vehículo de motor, ya bien por sí o por otra persona.
Las ley provee pagos por incapacidad de generar ingresos, servicios médicos hospitalarios, compensación por desmembramientos y ciertos gastos fúnebres. En cuanto a la incapacidad de generar ingresos la ley establece que la ACAA pagará el 50 por ciento del ingreso semanal dejado de percibir por la víctima, hasta un máximo de $100 semanales mientras dure la incapacidad dentro del primer año contado a partir de la fecha del accidente. Además pagará el 50 por ciento del ingreso semanal dejado de percibir por la víctima mientras dure la incapacidad por el próximo año, hasta un máximo de $50 semanales. Para hacer este pago la ley requiere que al momento del accidente o durante 6 de los 12 meses precedentes al accidente la víctima hubiese estado trabajando o hubiese estado involucrada en una actividad que le producía ingresos. Es importante señalar que cuando la víctima es una persona que trabaja en el hogar, el beneficio por incapacidad a pagarse será de $25 semanales hasta un máximo de 16 semanas. Para efectos de esta ley no se entiende que la víctima ha sufrido pérdida de ingresos si éste continúa recibiendo su salario mediante licencia por enfermedad acumulada, a menos que según su contrato de empleo, hubiese podido cobrar los días por enfermedad no utilizados.
La evaluación judicial de los accidentes de auto
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Como hemos mencionado, el que causa daños a otra persona, interviniendo culpa y negligencia, tiene el deber de indemnizar. En materia de la responsabilidad por los daños ocasionados mientras conducimos un vehículo de motor, nuestras actuaciones habrán de ser juzgadas a tenor con lo que haría la mítica persona razonablemente prudente.
Esta persona es una ficción jurídica por la cual somos juzgados a la hora de analizar responsabilidad por daños y perjuicios. Es lo que conocemos como la buena madre o el buen padre de familia. Son aquellos que antes de encender y dar marcha a su auto, caminan alrededor para asegurarse de que no hay niños, niñas, ni obstáculos a su alrededor. Son los que tocan la bocina del auto cuando da marcha hacia atrás y que al ver niños o niñas en una acera detienen su vehículo hasta que éstos se alejen.
En materia de daños ocasionados por accidentes automovilísticos, el tribunal va a determinar qué hubiera hecho, dentro de la circunstancias del caso, la persona prudente y razonable, para determinar si fuimos negligentes, y por ende, responsables del accidente.
Un Accidente de Tránsito
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Uno de los grandes problemas que enfrenta el Puerto Rico de hoy es el gran número de automóviles que circulan por nuestras vías. Esta situación ocasiona innumerables accidentes que van desde una mera abolladura hasta una tragedia. Los accidentes de tránsito son, sin duda, una de las principales fuentes de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, que generan el deber de responder por los daños y perjuicios que se ocasionen.
Cuando ocurre un accidente de tránsito, la ley ordena que las personas permanezcan en el lugar del accidente y llamen a la policía inmediatamente para que se realice la investigación. Si es posible, se debe retirar los vehículos de la vía pública para evitar que se siga obstruyendo el tránsito. Otro deber de las personas involucradas en el accidente es que si hay heridos, tienen que brindarle ayuda, dentro de lo posible y con las medidas de precaución necesarias, y notificar lo antes posible a la Administración por Compensación de Accidentes de Automóvil (ACAA).
La responsabilidad por actuaciones de otro
Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Hay ocasiones en que sin nosotros haber llevado a cabo alguna actividad que causa daños a otros, estamos legalmente obligados a responder por los daños que ocasionan otras personas. Como regla general, la ley dispone que "el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Aunque de estas palabras surge claramente que cada uno de nosotros es responsable de los daños que nuestras actuaciones culposas o negligentes puedan causar, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido ciertas circunstancias bajo las cuales venimos obligados a responder personalmente por los daños causados por otros. Esto se conoce como la responsabilidad vicaria.
El Código Civil enumera de forma restrictiva quiénes vienen obligados a responder por los daños causados por otros. Estos son: a) los padres y madres responden de los daños causados por sus hijos e hijas menores de edad que viven en su compañía; b) los tutores responden de los daños causados por las personas menores o incapacitadas bajo su autoridad que viven en su compañía; c) los patronos responden de los daños causados por sus empleados o empleadas en el descargo de sus funciones; d) el Estado responde en las mismas circunstancias que cualquier patrono particular, y; e) los maestros y maestras de artes y oficios responden de los daños causados por sus alumnos o aprendices mientras estén bajo su custodia.
