La impericia médica

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

Cuando usted recibe tratamiento por parte de una médica o médico, están obligados a prestarle servicios de excelencia. Esta es la primera obligación jurídica del profesional médico. Tiene que estar seguro que puede cumplir con el criterio de excelencia. Por tanto, se supone que un médico o médica que entiende que no puede hacerlo, debe referir al paciente a otro que pueda brindarle las atenciones que el paciente necesita. Esta es una norma que aplica también a los dentistas y otros profesionales de la salud. Si él profesional no actúa conforme a lo expresado, podría incurrir en responsabilidad por impericia profesional, denominada en el idioma inglés como "medical malpractice".

En Puerto Rico existe una presunción que promulga que en todo caso en que esté en controversia la responsabilidad de un profesional de la salud, el tribunal debe presumir que ejerció un grado razonable de cuidado en el diagnóstico y tratamiento al paciente. Se ha resuelto además, que el deber de la medicina contemporánea no se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad de los pacientes, sino a aquél que es probable que suceda y que llevará a una persona prudente a anticiparlo. Esto es a lo que jurídicamente se le llama negligencia. Un hospital sólo podrían ser responsables si ocurre un daño que en las circunstancias particulares del caso pudo razonablemente haberse previsto y evitado. Además, la parte demandante tiene que probar que la conducta negligente fue el factor que con mayor probabilidad causó el daño.

Hay que enfatizar que el profesional no debe descargar la responsabilidad en otro personal y dejar a los pacientes bajo el cuidado de otra persona. Es decir, que con dejar meras instrucciones a otras personas no queda relevado de responsabilidad. La médica o médico tiene que darle seguimiento y cerciorarse de que el hospital ha cumplido con el tratamiento que prescribió. Si no puede darle la atención personalmente al paciente, tiene la obligación de buscar que otro personal competente lo sustituya.

El criterio que utilizan los tribunales para determinar si un profesional fue o no negligente es si a la luz de los desarrollos contemporáneos de la ciencia y la práctica prevaleciente de la medicina, sus actuaciones satisfacen las exigencias generalmente aceptadas por la práctica de la profesión.

Existen ciertas defensas que se pueden interponer ante una imputación de impericia profesional. Por ejemplo, si se demuestra que cometió un error razonable de juicio, no va a responder. Es decir, será el tribunal el que va a determinar si utilizando su criterio profesional y su experiencia actuó razonablemente a la luz del estado de desarrollo de la ciencia y la práctica prevaleciente de la medicina. Al hacer esta determinación, el tribunal evaluará tres criterios: Primero, si se trata del diagnóstico del paciente, el tribunal admite la defensa cuando se prueba que las autoridades médicas están divididas en cuanto al diagnóstico correcto que se daría a un paciente con síntomas similares; y segundo, cuando hay duda razonable en cuanto a la condición del paciente. Esta situación ocurre cuando después de haber efectuado los análisis necesarios, no se puede determinar qué es lo que realmente tiene el paciente y aplica un tratamiento en caso de duda; tercero, cuando el diagnóstico se hizo después de un esfuerzo concienzudo para enterarse de los síntomas. Esto ocurre cuando la información que se tiene de lo que pudo haber ocasionado la condición es insuficiente por razones no imputables al profesional.

Una médica o médico que no haya hecho un examen al paciente y no haya examinado los expedientes disponibles, no va a poder invocar la defensa de error de juicio. Tampoco debe descansar únicamente en la información que suministra el paciente, sino que por el contrario, deberá efectuar las pruebas rutinarias necesarias para poder diagnosticar al paciente. Es decir, debe ejercer todas las diligencias que le permitan emitir un diagnóstico acertado. 

Los profesionales de la medicina podrían ser responsables bajo otra modalidad que no es la acción en daños y perjuicios por impericia profesional, sino la acción por agresión. En ese sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que todo profesional incurre en agresión que da derecho a una acción de daños y perjuicios, si opera a un paciente sin su consentimiento o sin el consentimiento de la persona autorizada a prestarlo. Esta norma se ampara en que nadie tiene derecho a intervenir con el cuerpo humano sin el consentimiento de la persona. Además, este consentimiento tiene que prestarse de manera informada, es decir, que la médica o médico tiene el deber de informar al paciente todas las consecuencias que van a surgir de la intervención. El Tribunal Supremo ha aclarado que no hay obligación de informar sobre riesgos remotos que han ocurrido en situaciones mínimas, pero sí ha resuelto que el no obtener el consentimiento informado del paciente puede dar lugar a que el paciente lo demande por negligencia, particularmente si el haber conocido ese riesgo hubiera hecho cambiar de opinión al paciente en cuanto someterse al tratamiento o procedimiento. Hay que enfatizar que esta acción es una distinta a la de la negligencia en el diagnóstico o tratamiento que se explicó anteriormente. 

Contra una reclamación por agresión, no existe la defensa de error de juicio. Si embargo, el criterio que el tribunal utiliza para determinar si en efecto se incurrió en agresión, es el mismo que en las acciones de negligencia por diagnóstico y tratamiento. El deber de informar para obtener un consentimiento válido está determinado por la práctica prevaleciente en la comunidad médica. Es decir, una vez el paciente prueba que no se le informó de los riesgos inherentes a la intervención quirúrgica, la médica o médico tiene que probar que el no divulgar esos riesgos en particular, está aceptado por la práctica prevaleciente de la medicina. Además, la parte demandante viene obligada a probar que ésa omisión de no divulgar esa información fue lo que con mayor probabilidad provocó los daños que reclama.

Hay tres excepciones en que el profesional de la medicina no necesita obtener consentimiento alguno por parte del paciente. Por ejemplo, cuando se trata de una situación de emergencia no tendrá que solicitar el consentimiento, porque esto podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Otra de las excepciones surge cuando informarle al paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente puede alarmarlo innecesariamente. Por último, en una situación donde el profesional tiene autorización para operar un órgano y surgen complicaciones adicionales y las circunstancias le obligan a intervenir con otro órgano, podría hacerlo siempre que exista una relación entre la autorización original y la nueva condición que surgió a la luz de la intervención.