La Responsabilidad de los dueños de animales

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

Existen muchas personas a las que les gustan los animales. Sin embargo, desconocen la responsabilidad que podría generarse cuando uno es dueño o posee animales y ocasionan daños a terceras personas. La legislación en Puerto Rico dispone como regla general, que el poseedor de un animal o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que cause el animal, aunque éste se le escape o se le extravíe. 

Es bien importante enfatizar que bajo esta doctrina es responsable no sólo el dueño del animal, sino el poseedor o el que se sirva de él. Es decir, la persona que alberga, posee, custodia y alimenta a un perro en su casa, sea o no su dueño, va a ser responsable por los daños que cause ese animal. Normalmente, el dueño es el poseedor y el que se sirve del animal pero esto no necesariamente es así. Hay situaciones en que el dueño puede no ser el poseedor o el que se sirve del animal y sin embargo, ser llamado a responder bajo esta legislación. 

Ordinariamente, cuando se radica una acción porque se han sufrido daños y perjuicios hay que probar los siguientes elementos: a) que se ha sufrido un daño; b) que hubo culpa o negligencia de alguien y; c) que ese daño surgió como consecuencia de la culpa o negligencia de esa persona en particular. Sin embargo, cuando se trata de los daños ocasionados por animales no hay que probar estos tres elementos. Por razón de política pública, la responsabilidad que impone esta legislación es una responsabilidad absoluta. Esto quiere decir que quien sufre daños causados por un animal, no tiene que probar la culpa o la negligencia del poseedor o de quien se servía del animal al momento del accidente. Esta responsabilidad está basada en una presunción de culpa por falta de vigilancia, ya que la persona que tiene la posesión jurídica del animal, o la que se sirve de él, es la única capaz de tomar las precauciones indispensables para evitar cualquier accidente con el animal. Esta responsabilidad no se limita a los animales nocivos o peligrosos, sino que los incluye a todos sin distinción. Tampoco se limita a determinada conducta o actividad peligrosa, por razón del uso que se hace del animal.

Existen sólo dos excepciones a esta regla general que tienen el efecto de exonerar o librar de responsabilidad al dueño o al que se sirve del animal: a) en el caso de que el daño sufrido provenga de una fuerza mayor, o; b) que el daño provenga de la culpa del que lo hubiera sufrido. 

Como ejemplos de la defensa de fuerza mayor que libera de responsabilidad al poseedor del animal o al que se sirve de él, se encuentra el caso en que el animal ha sido robado o el caso en que un empleado del poseedor utiliza el animal para fines que están fuera de las atribuciones de su empleo. 

Hay que añadir que la responsabilidad del propietario del animal subsiste aunque haya entregado la guarda material del animal a un empleado y aunque se sirva del animal por medio de un empleado. Sin embargo, el dueño puede entregar efectivamente el animal para que otro se sirva de él mediante arrendamiento, préstamo, contrato de aparcería (entregar animales a otro con la intención de dividir las ganancias), etc. En ese caso es el arrendatario, el prestatario o el aparcero la única persona que de ordinario posee y se sirve del animal. Por tanto, aunque siga obteniendo un provecho económico del animal, el dueño no puede ser declarado responsable de forma absoluta. Sólo podría ser declarado responsable si se prueba su culpa o negligencia. 

Otra defensa que exime de responsabilidad es la culpa o negligencia del perjudicado. El Tribunal Supremo ha interpretado que cuando la persona perjudicada se expone al daño o el daño tiene su origen en un acto voluntario del que lo sufre, el poseedor del animal o el que se sirve de él quedaría exonerado de responsabilidad. Esto puede ocurrir cuando el perjudicado provoca al animal o lo utiliza de manera impropia.

Actualmente, en Puerto Rico existe una legislación particular cuando se trata de los perros de la raza "pitbull". Existe gran oposición a su implantación y muchos la consideran letra muerta, pues las agencias concernidas no han dado cumplimiento a sus disposiciones, aún cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico la validó y como consecuencia, se autorizó la eutanasia de una cachorra “pitbull”. Todo esto ocurre cuando existe una política pública legislada que prohibe el maltrato de animales, por lo que existe incongruencia en las política públicas vigentes sobre los animales. A esos efectos, existe un proyecto de ley dirigido a su derogación para no dar trato discriminatorio a los perros “pitbull”.

Conforme a esta ley, está prohibida la introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, compra, venta y traspaso de cualquier naturaleza en la isla de Puerto Rico de los perros conocidos como Pitbull Terrier, e híbridos producto de cruces con perros de otras razas. No obstante, los dueños de estos perros al momento de aprobarse esta legislación pudieron inscribir su perro en el registro destinado a esos fines en el Departamento de Agricultura, para continuar con la tenencia de sus animales. El término para la inscripción ya pasó, por lo que ha cesado la oportunidad de inscripción y se cerró el Registro. Cualquier animal no registrado será inmediatamente confiscado por las autoridades pertinentes. 

A cada perro así inscrito, le fue asignado un numero de registro el cual se gravó en una pequeña placa de metal a fijarse en el collar de dicho can. El dueño del perro recibió, además de la placa debidamente gravada con el número de inscripción, el certificado de inscripción como prueba de que el can ha sido debidamente inscrito en el Departamento de Agricultura.