La responsabilidad del Estado por los daños y perjuicios

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

El Estado Libre Asociado responde por las actuaciones de las personas que emplea. A dicha responsabilidad se le conoce como responsabilidad vicaria, y significa que el patrono viene obligado a responder por la empleada o empleado sin que el patrono haya incurrido en negligencia directamente.

Hace unos años en Puerto Rico regía una norma jurisprudencial que impedía que se demandara al Estado sin su consentimiento, basándose en la teoría angloamericana de inmunidad del Estado. No obstante, se aprobó la Ley Número 104 del 29 de junio de 1955, en la cual el Estado renunció a su inmunidad y permitió que se le demande, pero con algunas restricciones. Es decir, que ya el Estado ha consentido mediante legislación a responder por ciertas actuaciones.

A pesar de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico autoriza a que se le demande como un patrono privado, no será responsable de los actos criminales o intencionales de sus empleados, a menos que esa conducta responda en alguna forma al deseo de servir, beneficiar o fomentar los intereses del Estado. 

El Estado está sujeto a responsabilidad en cualquiera de los siguientes supuestos: a) cuando la persona causa un daño por su culpa o negligencia mientras desempeña sus funciones y actúa en su capacidad oficial; b) cuando causa un daño por una actuación negligente mientras desempeña sus funciones y actúa en su capacidad oficial, aún cuando dicha conducta tenga algunos elementos intencionales; c) cuando a pesar de que el daño fue directamente producido por un acto enteramente intencional del cual no responde el Estado, hubo otros actos negligentes separados co-causantes del daño por los cuales sí responde el Estado; d) cuando el Estado, a través de sus personas empleadas, es negligente por omisión, al incumplir con un deber impuesto por las leyes y la Constitución de Puerto Rico.

Para que un demandante pueda prevalecer en un pleito de daños y perjuicios por los actos u omisiones de una persona empleada por el Estado, es necesario probar: a) que la persona que le causó el daño estaba actuando en su capacidad oficial al momento de causarle el daño; b) que actuó dentro del margen de su función; c) que la actuación fue negligente y no puramente intencional, y; d) que hay relación causal entre la conducta culposa que se imputa y el daño producido.

El Estado ha autorizado a que se le demande en acciones por daños y perjuicios tanto a la persona como a la propiedad hasta la suma de $75,000.00; y hasta la suma de $150,000.00, cuando se causan daños y perjuicios a más de un reclamante o cuando sean varias las causas de acciones a que tenga derecho una sola persona perjudicada. 

Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado por daños a la persona o a la propiedad tiene que presentar al Secretario o Secretaria de Justicia una notificación escrita, por correo certificado con acuse de recibo, haciendo constar en forma clara y concisa la fecha, el sitio, la causa y la naturaleza general del daño sufrido y la cuantía que reclama. También tiene que incluir los nombres y direcciones de sus testigos y la dirección de la persona reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia.

La notificación escrita se presentará al Secretario o Secretaria de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la persona tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si la persona reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitada para hacer la notificación dentro de este término prescrito, estará obligada a hacer la notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese su incapacidad física o mental.

Cuando la parte que ocasiona un daño es un municipio o sus empleados o agentes, la notificación debe presentarse además al alcalde o alcaldesa correspondiente.

Como regla general, hay que cumplir con este requisito de notificación para que prospere una demanda contra el Estado. Hay ciertas excepciones en que no será necesaria esta notificación: a) cuando se demanda directamente a una aseguradora y la acción judicial se inicia dentro del término establecido por la ley y el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo; b) si hay constancia efectiva de la identidad de los testigos y el estado puede fácilmente investigar y corroborar los hechos. Estas dos circunstancias muchas veces concurren cuando el evento dañoso fue investigado por la policía o cuando el tratamiento médico inicial se brinda en una instalación médico hospitalaria operada por el Estado.

Tanto este término de noventa (90) días que se tiene para la notificación comunicando la intención de demandar al Gobierno, como el término de un año que dispone la ley para la presentación de la acción judicial derivada de culpa o negligencia, comienzan a contar desde que se tuvo conocimiento del daño y quién lo causó.

Es necesario reiterar que cuando la reclamación es contra un municipio, además de notificar al Secretario o Secretaria de Justicia, hay que hacerlo al Alcalde o Alcaldesa, incluyendo todos los particulares de la reclamación.

Por otra parte, la ley impide que se insten acciones por daños y perjuicios contra el Estado por un acto u omisión de un funcionario o funcionaria, en las siguientes circunstancias: Cuando actúa por razón del cumplimiento de una ley o reglamento, aún cuando estos resultaren ser nulos; en el desempeño de una función de carácter discrecional, aún cuando hubiere abuso de discreción; cuando actúan en la imposición y cobro de contribuciones; cuando se ha cometido un acto intencional constitutivo de tentativa, agresión u otro delito contra la persona, tales como: encarcelamiento ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, calumnia y libelo, difamación y falsa representación e impostura; cuando ocurra el acto o la omisión fuera de la jurisdicción territorial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; o cuando las personas actúan en el desempeño de operaciones de combate de las fuerzas áreas, navales o militares en caso de guerra, invasión, rebelión u otra emergencia debidamente declarada como tal por las autoridades pertinentes.

Por último, aunque el Estado Libre Asociado no responde por agresiones, cuando la agresión resulta como consecuencia de un acto negligente se pueden reclamar los daños. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de un oficial de la policía que dispare contra una persona sin seguir los protocolos adecuados. Aunque el acto fue una agresión, ocurrió por no seguir las normas y deberes del cargo, por lo que se estima que no es de tal manera intencional que impida una reclamación de daños y perjuicios contra el Estado.