La responsabilidad por actuaciones de otro

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

Hay ocasiones en que sin nosotros haber llevado a cabo alguna actividad que causa daños a otros, estamos legalmente obligados a responder por los daños que ocasionan otras personas. Como regla general, la ley dispone que "el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado". Aunque de estas palabras surge claramente que cada uno de nosotros es responsable de los daños que nuestras actuaciones culposas o negligentes puedan causar, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido ciertas circunstancias bajo las cuales venimos obligados a responder personalmente por los daños causados por otros. Esto se conoce como la responsabilidad vicaria.

El Código Civil enumera de forma restrictiva quiénes vienen obligados a responder por los daños causados por otros. Estos son: a) los padres y madres responden de los daños causados por sus hijos e hijas menores de edad que viven en su compañía; b) los tutores responden de los daños causados por las personas menores o incapacitadas bajo su autoridad que viven en su compañía; c) los patronos responden de los daños causados por sus empleados o empleadas en el descargo de sus funciones; d) el Estado responde en las mismas circunstancias que cualquier patrono particular, y; e) los maestros y maestras de artes y oficios responden de los daños causados por sus alumnos o aprendices mientras estén bajo su custodia.

Los daños causados por una persona menor de 21 años, aún donde no haya mediado conducta negligente del padre o madre, pueden ser atribuidos a estos, pero siempre podrán levantar como defensa que actuaron con la diligencia de un buen padre o madre de familia. Bajo estas circunstancias, aún cuando la persona menor haya causado daños por su negligencia, sus progenitores o personas custodias no vendrán obligados a responder. Para ello es necesario que los progenitores, tutores o custodios prueben que han dado buenos ejemplos y que han sido diligentes en la crianza de la persona menor. Los progenitores, tutores o custodios sólo responderán de los actos de sus hijos cuando no puedan demostrar que fueron diligentes en prevenir el daño, por lo tanto, en ellos descansa el peso de la prueba para demostrar su diligencia.

Sobre la responsabilidad de los patronos por las actuaciones de las personas empleadas, es norma en Puerto Rico que el patrono responderá por los actos culposos o negligentes que cometan mientras estén trabajando o adelantando los intereses del patrono. Los tribunales han establecido que el patrono responde, aún cuando la persona empleada haya desobedecido una orden o reglamento del patrono. Un ejemplo sería el caso de un chofer que tiene órdenes de no montar a nadie en el vehículo de la empresa, pero un día monta a un extraño en el vehículo de la compañía y ese extraño sufre daños por un accidente provocado por el conductor. En este caso el patrono será responsable ante ese extraño, pues el empleado aún cuando desobedecía sus órdenes, estaba adelantando los intereses del patrono. Hay que señalar que el patrono siempre podrá entablar una acción contra la persona empleada para recuperar lo que haya tenido que pagar por los daños causados por éste.

La responsabilidad del Estado es similar a la responsabilidad a que están sujetos los patronos. Es decir, el Estado Libre Asociado responde de los actos de culpa o negligencia de las personas empleadas mientras trabajen o adelanten los intereses del Estado Libre, independientemente de que estos hayan obedecido órdenes o no. No obstante lo anterior, la ley le reconoce al Estado tres limitaciones a su responsabilidad: (a) El Estado Libre Asociado y los municipios gozan de una inmunidad por cuantía. Esto significa que sólo responderán hasta un máximo de $75,000 cuando es una sola persona quien reclama y hasta un máximo de $150,000 cuando haya más de una reclamación o damnificado por los mismos hechos; (b) el Estado y los municipios gozan también de una protección por notificación. Es necesario que la persona perjudicada notifique por escrito al Secretario o Secretaria de Justicia y a la alcaldesa o al alcalde, si se reclama contra un municipio, exponiendo detalladamente los pormenores de lo acontecido dentro de un término de noventa (90) días, contados a partir de que se tiene conocimiento del daño. Este es un requisito de estricto cumplimiento. Esto significa que el no hacer tal notificación puede ocasionar que el tribunal desestime la causa de acción contra el estado o el municipio; (c) el Estado no responderá por los actos intencionales cometidos por sus empleados que constituyan tentativa, agresión, encarcelamiento ilegal, arresto ilegal, persecución maliciosa, libelo, calumnia, impostura, falsa representación y otros delitos contra la persona. Tampoco el Estado responderá por las actuaciones de sus funcionarios cuando actúan al amparo de una ley o reglamento, ejerciendo su poder discrecional, en la imposición y cobro de contribuciones, por actos cometidos fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en el desempeño de operaciones de combate en casos de guerra, invasión, rebelión u otra emergencia declarada como tal.

Por último, es importante discutir la responsabilidad que tiene una persona por los actos culposos o negligentes cometidos por un contratista independiente que haya contratado. Ciertamente, un contratista independiente no es un empleado. Por lo tanto, la norma en Puerto Rico es que el contratista independiente es su propio patrono. Como regla general, no somos responsables por los actos de culpa o negligencia que cometa el contratista independiente o los empleados o empleadas de éste. Sin embargo, como excepción a esta regla general, se ha establecido que el empleador de un contratista independiente es responsable de los actos de culpa o negligencia cometidos por éste o sus empleados o empleadas cuando la tarea por la que fueron contratados es una que involucra riesgos por los cuales hay que tomar precauciones especiales. El Tribunal Supremo ha expresado que la actividad no tiene que ser una altamente peligrosa, basta con que haya que tomarse algunas medidas de seguridad. 

A manera de síntesis podemos decir que cuando se nos imputa responsabilidad por los daños causados por otro, primero debemos determinar si la persona por la cual respondemos realmente actuó de forma culposa o negligente, y segundo, debemos asegurarnos de que estamos entre las personas que en nuestro ordenamiento jurídico son llamados a responder por las actuaciones de otros.