Los Beneficios de la Ley de ACAA

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

En Puerto Rico contamos con la Ley 138 del 26 de junio de 1968 "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles" la cual crea la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Esta ley protege a las víctimas de accidentes automovilísticos mediante el pago de una prima que se pagará anualmente mediante la renovación de la licencia (marbete). Los beneficios de esta ley sólo se ofrecen por lesiones ocurridas dentro de Puerto Rico y los servicios médicos hospitalarios sólo se concederán dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Para efectos de esta ley, el término víctima se refiere a una persona natural que sufra daños, enfermedad, desmembramiento, incapacidad de generar ingresos o muerte, como consecuencia del uso de un vehículo de motor, ya bien por sí o por otra persona.

Las ley provee pagos por incapacidad de generar ingresos, servicios médicos hospitalarios, compensación por desmembramientos y ciertos gastos fúnebres. En cuanto a la incapacidad de generar ingresos la ley establece que la ACAA pagará el 50 por ciento del ingreso semanal dejado de percibir por la víctima, hasta un máximo de $100 semanales mientras dure la incapacidad dentro del primer año contado a partir de la fecha del accidente. Además pagará el 50 por ciento del ingreso semanal dejado de percibir por la víctima mientras dure la incapacidad por el próximo año, hasta un máximo de $50 semanales. Para hacer este pago la ley requiere que al momento del accidente o durante 6 de los 12 meses precedentes al accidente la víctima hubiese estado trabajando o hubiese estado involucrada en una actividad que le producía ingresos. Es importante señalar que cuando la víctima es una persona que trabaja en el hogar, el beneficio por incapacidad a pagarse será de $25 semanales hasta un máximo de 16 semanas. Para efectos de esta ley no se entiende que la víctima ha sufrido pérdida de ingresos si éste continúa recibiendo su salario mediante licencia por enfermedad acumulada, a menos que según su contrato de empleo, hubiese podido cobrar los días por enfermedad no utilizados.

La ley también protege a la víctima obligando a su patrono a reservarle el empleo por un periodo de 6 meses contados a partir del comienzo de la incapacidad. La ley añade que la víctima debe requerir de su patrono la reinstalación dentro de los quince (15) días subsiguientes de haber sido dada de alta. El patrono que no cumpla con la imposición de esta ley vendrá obligado a pagar al trabajador o a sus beneficiarios los salarios que hubiese devengado de haber sido reinstalado, más los daños y perjuicios ocasionados por su negativa.

Cuando la víctima muere la ley otorga un beneficio por muerte de $1,000 para gastos funerales. No obstante, la ley indica que "éste beneficio podrá pagarse, hasta el importe de los gastos incurridos, a cualquier persona que presente a la administración evidencia aceptable de haber incurrido en los gastos funerales de la víctima". Bajo esta Ley, también se pagará por muerte lo siguiente:

  • Diez mil ($10,000) al dependiente primario. Este será el esposo o esposa de la víctima y de no existir, los hijos de la víctima, y de no existir éstos, los padres de la víctima.
  • Mil ($1,000) a cada dependiente secundario, hasta un máximo de $5,000. Dependientes secundarios serán los padres de la víctima cuando no cualifiquen como primarios, y a falta de estos cualquier otro dependiente.
  • Cinco mil ($5,000) por cada hijo incapacitado o de cuatro (4) años o menos; $4,000 por cada hijo mayor de cuatro (4) años pero menor de diez (10) años; $3,000 por cada hijo de diez (10) años o más pero menor de quince (15) años; $2,000 por cada hijo de quince (15) años o más pero menor de dieciocho (18) años. La ley aclara que tendrán derecho a esta última partida aquellos hijos entre dieciocho (18) a veintiún (21) años que dependían de la víctima y estuvieran estudiando al momento del accidente.

Si los beneficios a pagarse a los hijos exceden de los $10,000 esta cantidad se ajustará a prorrata entre los hijos usando las escalas de participación antes descritas.

En cuanto a los servicios médicos hospitalarios, las víctimas tienen derecho a recibir por el término de dos años servicios médicos, casas de convalecencia, hospitalización, rehabilitación y medicina. No obstante, en algunos casos extremos el servicio podría ser prolongado, como por ejemplo, el caso de personas cuadrapléjicas. 

Como regla general, los pagos de los beneficios por desmembramiento y muerte, ya sean a la víctima o a sus beneficiarios, no excederán de $50 semanales. No obstante, sí se pueden autorizar pagos mayores de $50 cuando se demuestre que ello resulte en beneficio de la víctima o sus beneficiarios. Además, la administración puede requerir que cuando el beneficio exceda los $2,000, que el beneficio o parte sea utilizado para la compra de una casa, finca, negocio o alguna inversión lucrativa.

No tienen derecho a recibir beneficios bajo esta ley y por ende vendrían obligados a indemnizar a la ACAA en caso de recibir algún beneficio los siguientes: (a) los que con el propósito de causarse daños sufren lesiones; (b) los que al momento del accidente no tenían licencia de conducir el vehículo de motor en particular que causó el accidente; (c) el vehículo no tenía licencia y tablilla; (d) cuando el vehículo se encontraba participando en carreras de automóviles o de aceleración; (e) cuando se cometía un acto criminal (excepto violaciones a la ley de tránsito); (f) cuando se estaba bajo los efectos del alcohol o drogas; (g) o cuando el vehículo que conducía es del tipo que el Departamento de Transportación y Obras Públicas no les expide una licencia de vehículos de motor.

En casos donde la víctima demande directamente al responsable por su negligencia, éste último antes de pagar deberá asegurarse que la administración no tiene derecho a que se le reembolse alguna cantidad pagada a la víctima. De ser así, debe expedir un pago por separado a favor de la ACAA por la cantidad que corresponda.

Esta ley también dispone que el responsable de un accidente automovilístico está relevado de compensar a la víctima o sus beneficiarios hasta el monto de los beneficios recibidos por éstos o el monto total de los beneficios permitidos por la ley, lo que sea mayor. Esto quiere decir que será responsable del pago de los daños que pueda ser determinados en el Tribunal en exceso de lo pagado por la ACAA.

Por último, es menester aclarar que la ley también permite la posibilidad de que los recipientes de beneficios bajo esta ley puedan solicitar reconsideraciones, vistas públicas y apelaciones de las determinaciones hechas por el director ejecutivo de la ACAA permitiendo que los reclamantes comparezcan por derecho propio o asistidos de un abogado.