Los daños y perjuicios por actuaciones intencionales

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

Los actos intencionales contra la persona como base de responsabilidad están incluidos dentro del concepto amplio de la culpa establecida en los requisitos del Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. Esto es, (1) que la parte demandada efectúe un acto culposo o negligente, (2) que la demandante sufra daños y (3) que exista relación causal suficiente en derecho entre el acto y los daños.

Un acto se considera intencional (1) cuando la parte actora ha obrado con el propósito o el deseo de producir un daño, o un contacto, o una aprehensión de éstos, o (2) cuando la parte actora sabe con certeza sustancial que estos resultados, el daño o el contacto o la aprehensión, serán producidos por sus actos, aún cuando no los desee o no se los proponga específicamente. En ese sentido, no es indispensable para que haya intención que exista el propósito o el deseo particular de producir un daño. 

Por otro lado, debe distinguirse entre intención y motivo. La intención es el deseo o designio de causar cierto resultado inmediato o como la elección consciente de un fin. El motivo es la causa o la razón que mueve la voluntad e induce al acto. La parte actora agrede con la intención de castigar o humillar. El motivo puede ser la venganza o el odio hacia la víctima. En ese sentido, la intención es el estado mental que acompaña y determina la decisión de cometer un acto con el propósito, deseo o designio de producir un resultado. Por tanto, la intención es un proceso secreto de la mente humana que no es susceptible de conocimiento cierto por parte de otras personas. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido como daños intencionales, entre otras, las siguientes causas de acción: (1) La agresión; (2) la detención ilegal intencional (false imprisonment); (3) la persecución maliciosa; y (4) la difamación.

La agresión es el acto volitivo e intencional de infligir a una persona un daño o un contacto personal no deseado. Es la invasión a la integridad física de una persona. Se produce al tocar voluntariamente a una persona, ya con parte del cuerpo o con un objeto puesto en movimiento. Para que se constituya esta causa de acción se requiere que haya (1) un acto por parte de la parte agresora, (2) que dicho acto esté acompañado de la intención de cometer la agresión, (3) que dicho contacto cause una lesión física u ocurra sin consentimiento y (4) que exista una relación causal entre el acto y el contacto. Entre las defensas que se pueden presentar está el consentimiento, como en las peleas de boxeo y las operaciones quirúrgicas; la legítima defensa, o casos especiales autorizados por ley como el padre que corrige levemente a un hijo menor de edad o el tutor al pupilo.

Otra causa de acción reconocida por la jurisprudencia como un daño intencional es la detención ilegal ("false imprisonment"). La detención ilegal es la detención o confinamiento ilegal de una persona causado intencionalmente por otra y que resulta en la restricción total de libertad de trasladarse del lugar de su detención a otro. Se reconocen como elementos de la detención ilegal: (a) la intención de producir detención ilegal o certeza sustancial de que el acto ejecutado volitivamente la producirá; (b) el acto positivo o afirmativo en la dirección de producir ilegalmente la detención involuntaria de la parte perjudicada; (c) que se produzca ilegalmente la detención o la confinación total; (d) que la detención sea involuntaria; (e) la parte perjudicada tiene que estar consciente de su detención; y (f) que exista relación causal entre el acto de la parte demandada y la detención o confinación de la demandante. Como defensa se puede presentar el consentimiento, el ejercer de buena fe una función oficial con desconocimiento de vicios de la orden de detención o actividades militares legítimas.

La persecución maliciosa se define como instaurar un proceso penal contra una persona de forma maliciosa y sin causa probable el cual le produce daños. La causa de acción por persecución maliciosa procede cuando el actor ha seguido todas las formalidades legales requeridas en un proceso judicial, pero las pervierte y corrompe al actuar maliciosamente y sin causa de acción probable. Los elementos de esta causa de acción son: (a) instigación del proceso criminal por el demandado contra el demandante; (b) adjudicación del proceso a favor del demandante mediante resolución o sentencia que sea final y firme; (c) falta de causa probable; (d) malicia o conocimiento de la falsedad de la acusación; (e) daños; y (f) relación causal entre las actuaciones y el daño. 

Bajo el derecho angloamericano, la difamación es un ataque falso a la reputación de la persona ofendida que transciende a la comunidad. En el derecho civil la difamación se considera una ofensa al honor. La causa de acción de daños por difamación en Puerto Rico tiene dos fuentes: el Artículo 1802 del Código Civil y la Ley de Libelo y Calumnia de 1902, 32 L.P.R.A., 3141-3149. Difamación incluye los conceptos de libelo y calumnia. La diferencia entre ambos conceptos es que el libelo requiere un escrito o récord de la expresión difamatoria. La calumnia es, en sentido técnico, verbal. En los casos por difamación, sea libelo o calumnia, es defensa probar la verdad de lo expresado. Además, se han desarrollado otras defensas que dependen de la persona natural o jurídica responsable de la publicación y de la condición de la persona objeto de la alegada publicación difamatoria. 

De acuerdo con nuestra jurisprudencia para probar una causa de acción por libelo o difamación hay que establecer lo siguiente: (1) la falsedad de la información publicada; (2) los daños reales sufridos a causa de dicha publicación; y (3) si la parte demandante es figura privada, demostrar que las expresiones fueron hechas negligentemente.

 Si la persona difamada es una figura pública, es menester demostrar que las expresiones se hicieron con malicia real, es decir, a sabiendas de que era falso o con grave menosprecio de si era falso o no por imperativo constitucional de la libertad de expresión. Se define la figura pública a base de los siguientes rasgos peculiares: (1) especial prominencia en los asuntos de la sociedad; (2) capacidad para ejercer influencia y persuasión en la discusión de asuntos de interés público; y (3) participación activa en la discusión de controversias públicas específicas con el propósito de inclinar la balanza en la resolución de las cuestiones envueltas considerando como eje crítico la importancia e interés público del asunto o controversia de que se trate. La definición de lo que es una figura pública y el estándar de malicia real garantizan que existe un clima amplio para opinar sobre las personas que son figuras públicas y por ende, se protege la libertad de expresión.