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Los Daños y Perjuicios

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

En Puerto Rico, contrario a las jurisdicciones norteamericanas, tenemos un Código Civil que contiene unos principios básicos que rigen sistemáticamente la vida social de nuestro pueblo. En ese sentido, el Código dispone cuáles son las fuentes de las obligaciones en Puerto Rico, a saber: la ley, los contratos, los cuasicontratos y los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia.

La cuarta fuente de las obligaciones -los actos u omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia- es la que jurídicamente se denomina responsabilidad civil extracontractual y comúnmente se le conoce como responsabilidad por daños y perjuicios. 

La responsabilidad que generan estas acciones no surge como consecuencia de la existencia de una obligación anterior. Se trata de la culpa fuera de la existencia de un contrato, por lo que no nace de la voluntad de ambas partes, sino de unas obligaciones y deberes impuestos por la Ley y por la naturaleza que son indispensables para la convivencia social.

El Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales tipifican conducta dañina a los individuos o la sociedad cuya violación también genera responsabilidad civil extracontractual. Por eso, el incumplimiento de un deber jurídico o una acción en que medie culpa y negligencia puede generar un caso civil de daños y uno criminal por el delito pertinente.

El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico dispone en cuanto a esta cuarta fuente de las obligaciones que quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización. Es decir, si la persona perjudicada contribuyó con su culpa y negligencia al daño, se reducirá la indemnización en el por ciento proporcional que determine el tribunal.

Para que pueda prevalecer una acción de daños y perjuicios se requiere la concurrencia de tres requisitos: a) culpa o negligencia de alguna persona por acción u omisión; b) que se ocasione algún daño y; c) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y la culpa o negligencia de la persona demandada. 

Es a la parte demandante a quien le corresponde probar los tres elementos de la causa de acción en daños y perjuicios. Para determinar si se responde civilmente por omisión hay que considerar dos factores: 1) si la persona causante del daño tenía o no un deber jurídico de actuar y no actuó; y 2) si, de haberse realizado el acto omitido, se hubiera evitado el daño.

La culpa o negligencia entrañan una conducta antisocial, es decir, reñida con las normas aceptables de la sociedad. La culpa conlleva una conducta intencional porque la persona actúa con el deseo de invadir un derecho. Negligencia implica el incumplimiento de un deber impuesto por ley o la convivencia social. Es decir, se trata de una conducta que en forma previsible puede causar daño si no se lleva a cabo con el debido cuidado. Para que el tribunal disponga que se actuó con negligencia tiene que haber un deber y éste nace de actuar con cuidado, evitar riesgos irrazonables y anticipar las consecuencias probables de nuestra conducta. Un ejemplo de ello sería conducir un vehículo de motor a exceso de velocidad en una zona escolar, es previsible que ocurra un accidente. En ese sentido estaríamos actuando de manera negligente. 

La negligencia hay que probarla. La parte demandante no tiene que probar la negligencia más allá de duda razonable ni con exactitud matemática, sino sólo por preponderancia de la prueba. Esto no exige excluir toda otra posible causa de sus daños que no sea la negligencia de la parte demandada, sino establecer que esta negligencia fue la que con mayores probabilidades causó los daños. 

Las acciones en daños y perjuicios se dividen en las siguientes categorías: a) acciones intencionales o dolosas b) acciones en que ha mediado negligencia de la parte demandada y; c) acciones fundadas en responsabilidad absoluta u objetiva (estas no requieren que se establezca intención o negligencia de la parte a quién se reclama).

Las acciones intencionales o dolosas surgen como consecuencia de un acto voluntario intencional que causan daño a la parte demandante. Las siguientes acciones son intencionales: Acciones en daños y perjuicios por agresión y tentativa de agresión; acción de daños y perjuicios por restricción de la libertad (arresto o encarcelamiento ilegal); acción de daños y perjuicios por embargo ilegal; acción de daños y perjuicios por persecución maliciosa; y, acción de daños y perjuicios por difamación.

El daño es todo aquel menoscabo material o moral que una persona sufre, tanto en su persona como en su patrimonio y que es causado en violación de una norma jurídica. La parte demandada responde en daños a la demandante si su negligencia es una de las causas próximas o eficientes del daño, aún cuando no sea la única causa del daño. Si hay dos causas igualmente probables del daño, la parte reclamante no prevalecerá a menos que demuestre que la demandada fue la que con más probabilidad causó el daño. En Puerto Rico se ha adoptado la teoría de causalidad adecuada para determinar si existe el nexo causal; para ello hay que determinar si la ocurrencia del daño era de esperarse en el curso ordinario y normal de los acontecimientos.

El término que existe para reclamar por los daños es de un año desde que se conoció la existencia del daño. Si la persona perjudicada es menor de 21 años, el año del periodo para reclamar se computa a partir de la mayoría de edad.

El término prescriptivo de un año puede interrumpirse si se hace una reclamación extrajudicial que cumpla con los requisitos legales. Este es un asunto muy importante que debe manejarse por un abogado o abogada para no perder el derecho a reclamar. Si se interrumpe válidamente la prescripción, comienza nuevamente el periodo de un año para presentar la acción en el tribunal.

En ocasiones concurre una causa de acción contractual y una extracontractual. En estos casos, el hecho causante del daño concurre con el incumplimiento de una obligación contractual. La persona perjudicada puede optar por elegir el remedio de radicar una acción contractual cuyo término prescriptivo es de quince (15) años a partir del incumplimiento, o una acción extracontractual, para lo que tiene un año a partir de que conoce la existencia del daño y quién lo ocasionó. 

La responsabilidad por los daños y perjuicios en Puerto Rico es solidaria. Solidaridad significa que la parte demandante puede cobrar en su totalidad los daños y perjuicios que asigne el tribunal a cualquiera de las partes, no importa el grado de responsabilidad que se le asigne. Las partes demandadas podrán reclamar entre sí la nivelación o cobro de lo que pagaron al demandante en exceso de su responsabilidad. Por tanto, si se determinó que una parte es responsable del 50% de los daños y la parte demandante le cobró la totalidad de los daños, esta parte demandada puede reclamar lo pagado en exceso a cualquiera de las codemandadas en el litigio. Ese derecho se llama el derecho de nivelación.

Si usted ha sufrido algún daño ocasionado por la culpa o negligencia de otra persona o entidad debe consultar los servicios del abogado o abogada de su preferencia para que le oriente sobre las alternativas para resarcir sus daños. Recuerde que con el paso de un año usted podría perder su derecho a reclamar.