Reparación de daños por incumplimiento de los contratos

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

Cuando no existe un contrato entre las partes y una persona causa daño a otro por una acción u omisión, culposa o negligente, está obligado a reparar ese daño causado. Esta obligación está establecida en el Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico. 

Por otra parte, si el daño causado ocurre en una relación contractual entre acreedor y deudor, los daños están regidos por el Artículo 1054 del Código Civil. Este artículo es la fuente normativa principal para la concesión de daños y perjuicios por incumplimiento de una obligación de naturaleza contractual. El Artículo 1054 dispone lo siguiente: "Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de las obligaciones, incurriesen en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas". 

Para poder entender el artículo 1054 es imprescindible conocer qué es lo que significa el concepto del daño contractual. En este contexto, daño es la disminución que experimentan los intereses patrimoniales o bienes jurídicos de una persona. También se define como toda desventaja en los bienes jurídicos de una persona y se determina prescindiendo mentalmente del evento dañoso y calculando cuál sería entonces, la situación de la persona dañada. 

Existen dos variantes del daño en el ámbito contractual. Éstas son el daño emergente y el lucro cesante o ganancia dejada de obtener. El daño emergente es aquel daño que se sufre como resultado de haber realizado una prestación en la expectativa de que se realizaría otra a cambio y que ésta no se materializó. Por otro lado, el lucro cesante está representado por la cantidad que el acreedor efectivamente dejó de recibir; es decir, la ganancia dejada de obtener al no ver cumplido el crédito o ventaja económica que representaba para él la obligación.

Por tanto, cuando en el Artículo 1054 se autoriza el resarcimiento de la persona acreedora por los daños que sufre como consecuencia del incumplimiento doloso, de mala fe, negligencia, culpa o morosidad, lo que está restaurando es el equilibrio económico perdido como una consecuencia de los actos imputables a esa persona deudora.

Para probar la existencia del daño, hay que establecer lo siguiente: (1) que no sea posible obtener la ejecución o cumplimiento específico de la obligación, (salvo que opte por pedir el cumplimiento específico, más daños, lo cual está permitido por el Artículo 1077 del Código Civil de Puerto Rico); (2) que existe un daño resarcible; (3) que el incumplimiento sea imputable al deudor; y (4) que el daño sea consecuencia de ese incumplimiento. 

Una vez establecido el daño es importante saber cuál es la extensión del daño para determinar la indemnización que deberá cumplir o proveer la persona deudora. La causa de este incumplimiento es lo que va a determinar el alcance o la extensión de la indemnización. Es decir, si el daño se ocasionó por culpa o negligencia, o si fue doloso o intencional. Veamos:

Cuando el daño se produce mediando negligencia de la parte deudora, los daños indemnizables serán aquellos previsibles. Es decir, los que una persona prudente pudo anticipar que ocurrirían si no se cumplía la obligación según pactada. En ese sentido son daños que tienen que ser una consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento. 

Por otra parte, si el daño se debe al dolo de la parte deudora, es decir, que fue intencional, serán indemnizables todos los daños que se deriven del incumplimiento. En este contexto, el dolo consiste en el hecho de que quien incumple la obligación lo hace voluntaria y conscientemente. Es decir, actúa de mala fe, aunque en ello no haya intención premeditada de dañar a la parte acreedora. Por eso es que el dolo hay que probarlo específicamente y no se presume.

Para determinar la procedencia y cuantía de los daños tenemos varias alternativas. Éstas son: por virtud de ley, por orden judicial o por las partes puestas de acuerdo antes o después del incumplimiento. En la primera, es decir en la determinación legal, alguna disposición del Código Civil o de alguna ley especial, ordena cuál habrá de ser la extensión del daño. En específico el Código Civil de Puerto Rico en su artículo 1061 dispone que cuando la obligación consista en el pago de una cantidad de dinero, si el deudor incurre en mora, vendrá obligado a pagar intereses moratorios al tipo convenido y a falta de convenio, al interés legal que corresponda. También el artículo 1062 nos indica que los intereses vencidos se devengan desde que son judicialmente reclamados aunque la obligación haya guardado silencio sobre ese punto y que en los negocios comerciales se establecerá lo que dispone el Código de Comercio. 

Otra alternativa para la determinación de la cuantía del daño es la hecha por los tribunales y es la más corriente, pero es la más arriesgada porque la carga de la prueba de que existe un daño y su cuantía la tiene la parte demandante. 

Por último, muchas veces las partes pactan sobre la cantidad de los daños sufridos alentadas por la idea de terminar o evitar un pleito o ante la imposibilidad o dificultad de probar la cuantía de dichos daños. Este pacto se puede hacerse antes o después del incumplimiento.