Un Accidente de Tránsito

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

Uno de los grandes problemas que enfrenta el Puerto Rico de hoy es el gran número de automóviles que circulan por nuestras vías. Esta situación ocasiona innumerables accidentes que van desde una mera abolladura hasta una tragedia. Los accidentes de tránsito son, sin duda, una de las principales fuentes de responsabilidad civil extracontractual. Es decir, que generan el deber de responder por los daños y perjuicios que se ocasionen.

Cuando ocurre un accidente de tránsito, la ley ordena que las personas permanezcan en el lugar del accidente y llamen a la policía inmediatamente para que se realice la investigación. Si es posible, se debe retirar los vehículos de la vía pública para evitar que se siga obstruyendo el tránsito. Otro deber de las personas involucradas en el accidente es que si hay heridos, tienen que brindarle ayuda, dentro de lo posible y con las medidas de precaución necesarias, y notificar lo antes posible a la Administración por Compensación de Accidentes de Automóvil (ACAA). 

Una vez la policía llega al lugar de los hechos, iniciará la investigación para determinar quién es la persona responsable. Si la investigación de la policía lleva a la conclusión de que alguna de las personas conductoras actuó con negligencia criminal, y que por tal razón ocurrió el accidente, puede someter el caso ante la consideración del tribunal contra la persona causante del accidente.

La Ley de Tránsito dispone que toda persona que condujere un vehículo de forma imprudente o negligentemente temeraria, con menosprecio de la seguridad de personas o propiedades, incurrirá en delito menos grave y culpable que fuere será sancionada con pena de multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares. No obstante lo anterior, será sancionada con pena de multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de dos mil (2,000) dólares, toda persona que conduzca un vehículo o vehículo de motor de forma imprudente o negligente y cause daño a:

(a) Cualquier otra persona que esté realizando labores de reconstrucción, ampliación, repavimentación, mantenimiento u otra relacionada en una autopista, carretera, avenida, calle, acera u otra vía pública abierta al tránsito de vehículos o vehículos de motor.

(b) Cualquier miembro o empleado de una agencia de servicios de seguridad pública que esté atendiendo un accidente de tránsito o prestando cualquier servicio de emergencia en las mismas.

En caso de una segunda condena y subsiguientes, la pena será de multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares o de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal. En estos casos, además de las penas establecidas en esta Ley, el Secretario suspenderá por un término de tres (3) meses a la persona así condenada toda licencia que posea autorizándole a conducir vehículos de motor. En caso de que una persona sea condenada en tres (3) o más ocasiones, se revocará su licencia de conducir permanentemente. Luego de transcurridos tres (3) años a partir de una condena bajo las disposiciones de este Artículo, no se tomará en consideración para agravar la pena condenas subsiguientes. 

Con la aprobación del seguro compulsorio de automóviles las partes pueden optar porque sea el seguro el que determine la responsabilidad de los daños del vehículo. Luego de que las partes lleven un informe denominado "amistoso", en el cual se explica la ocurrencia del accidente, el seguro compulsorio determinará quién es responsable y pagará a la persona perjudicada hasta la suma de $3,000. 

Siempre es recomendable acudir al seguro compulsorio para que se haga este trámite de determinación de responsabilidad. Esto presupone, que las partes hayan pagado el seguro con la renovación de su marbete. Este seguro no compensa por lesiones personales, sufrimientos y angustias mentales, o por otras partidas que no sean los daños materiales del vehículo. Las partes que reciban esta compensación por los daños del vehículo no renuncian a instar una acción civil para recobrar por sus otros daños o por el exceso no pagado por el seguro compulsorio.

En muchos casos en los cuales no hay lesiones personales o no concurren circunstancias agravantes, el hecho de que las parte acudan al sistema del seguro compulsorio y se resuelva el asunto de la compensación de los daños del vehículo, hace que la policía no someta el caso criminal al tribunal.

Si no hay acuerdo entre las partes y la policía concluye que debe someter el caso al tribunal, la persona imputada por el delito debe visitar lo antes posible la oficina de una abogada o abogado para que le asesore y le represente en el proceso criminal. 

Uno de los objetivos del procedimiento criminal es que la persona damnificada reciba una justa compensación por sus daños materiales. Por esta razón, se permite el archivo del caso criminal cuando la persona acusado ha resarcido los daños. En la mayoría de los casos en que el accidente es sencillo y solamente se ocasionaron daños materiales, el juez o jueza, puede archivar el caso por razón de que la persona acusada pagó los daños del vehículo. 

Durante el proceso criminal el Ministerio Público tiene que establecer más allá de duda razonable que la persona acusada condujo su vehículo de motor con imprudencia o negligencia criminal y que por esta razón se ocasionaron los daños. Si el Ministerio Público no establece el elemento de la imprudencia o negligencia criminal, el juez o jueza tiene que absolver a la persona acusada.

Un factor que hay que tener en cuenta es que la Ley de Tránsito hace responsable al dueño del vehículo por los daños que ocasione aunque no lo esté conduciendo. A esos fines dispone que el dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de los daños y perjuicios que se causen mediante la operación de dicho vehículo, interviniendo culpa o negligencia, cuando el referido vehículo sea operado o esté bajo el control físico y real de cualquier persona que, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que sea operado por una tercera persona, obtenga su posesión mediante la autorización expresa o tácita del dueño. En todo caso se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona que opera o tiene bajo su control un vehículo de motor ha obtenido su posesión con la autorización de su dueño, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que sea operado por una tercera persona. La persona por cuya negligencia haya de responder el dueño de un vehículo, de acuerdo con las disposiciones de este Artículo, vendrá obligada a indemnizar lo que se haya pagado al perjudicado.

Se presume que la persona dueña del vehículo es la que aparece registrada en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Por tanto, si usted vende el vehículo y no hace el traspaso, podría responder por los daños que ocasione el vehículo.