Natural de Mayagüez. Posee un Bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Cum Laude; un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; Cum Laude y una Maestría en Derecho (LLM) de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con honores. Lleva 5 años admitida a la práctica de la profesión de la abogacía. Está admitida al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y está certificada como Mediadora de Conflictos.
Se desempeñó como Asesora Legal de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para los Recintos de Mayagüez y Arecibo, como Ayudante Especial de la Rectora de Mayagüez y como Profesora conferenciante a nivel sub graduado y graduado. Posteriormente, fungió como Gerente del Proyecto de Apoyo a Sobrevivientes de Huracanes 2017 de Servicios Legales de Puerto Rico. Ha centrado su práctica en el área civil-administrativa aunque también ha representado a miembros de la comunidad en casos de naturaleza penal, en protección de los derechos constitucionales, civiles y ambientales.
Lleva colegiada 5 años, desde su juramentación. Es miembro de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes; la Comisión de Derechos de la Mujer; la Comisión contra la Pena de Muerte; la Comisión de Derecho Económico, Social y Comunitario; la Comisión de Revista Jurídica; la Comisión de Asamblea y la Comisión de Resoluciones. Por los pasados dos años sirvió como Vice Presidenta de la Delegación de Ponce del CAAPR. Para el término 2020-2022 funge como una de las delegadas por Ponce ante la Junta de Gobierno del CAAPR.
Actualmente, es la Delegada Joven de Puerto Rico en la Cámara de Delegados de la American Bar Association (ABA); representante del Distrito Trece, para Puerto Rico y Mississippi, en la División de Abogados Jóvenes de la ABA y forma parte del equipo de Servicios Legales por Desastres (Desaster Legal Services –DLS) de la División de Abogados Jóvenes de la ABA. Es miembro de Amnistía Internacional Puerto Rico y Pro Bono, Inc.
