Fundamental el conocer al detalle las disposiciones y consecuencias de PROMESA

Afectará todos los aspectos de nuestra vida política, económica y social

 Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.*

El proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Estados Unido H.R. 5278, denominado ''Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act'' y conocido por su acrónimo PROMESA, que entre otras cosas, impone a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal federal, fue convertido en Ley por el presidente Barack Obama.  

Durante los meses previos a la aprobación de esta Ley, la álgida discusión pública estuvo centrada en si una Junta de Control Fiscal procede, conforme al ordenamiento constitucional vigente, si se necesita, si nos conviene como pueblo, si su función será ser agencia de cobro de los bonistas y si nos ayudará a resolver la profunda y larga crisis económica que sufrimos desde hace más de una década.

Disposiciones iniciales de PROMESA

Claves para entender su alcance

 Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.*

El H.R. 5278, denominado Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, PROMESA por sus siglas en inglés, se conoce comúnmente en Puerto Rico como la ley de la Junta de Control Fiscal. La traducción al español del nombre es Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico.

La Ley está dividida en 7 disposiciones iniciales, que sirven como introducción, y 7 títulos, a manera de capítulos, que contienen las otras secciones que especifican los detalles de la Ley.  Es una Ley extensa y compleja, contenida en 161 páginas. Las primeras 7 Secciones contienen: el título corto y tabla de contenido, la fecha de efectividad, la separabilidad, la supremacía de la ley, las definiciones, el lugar donde va a estar ubicada la Ley en las Leyes de Estados Unidos, y el requisito de cumplimiento conotras Leyes Federales.

LA SECCIÓN 5 DE PROMESA: 

LAS DEFINICIONES COMO HERRAMIENTAS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY

 

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

La función primordial de los tribunales es interpretar la ley para aplicarla a una controversia real. La interpretación de una ley debe fundarse en la ciencia o el arte de la hermenéutica. Es decir, la traducción e interpretación correcta de los textos.

Para poder entender el significado de la ley y determinar la intención legislativa, los tribunales examinan primero el significado literal de sus términos, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que, cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de la ley no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir con su espíritu.

El Título I de PROMESA: 

Establecimiento y Organización de la Junta de Supervisión

 

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

Como explicamos en nuestro primer artículo, la Ley PROMESA, aprobada a tenor con la Cláusula Territorial de la Sección 3 del Artículo IV de la Constitución Federal, se compone de 7 Títulos, a manera de capítulos, que contienen las secciones que especifican los detalles de la Ley. 

El Título I de la Ley dispone el establecimiento y la organización de la Junta de Supervisión. Este título está compuesto por 9 secciones, numeradas de la 101a la 109: Sección 101: Junta de  Supervisión; Sección 102: Localización de la Junta de Supervisión; Sección 103: Director Ejecutivo y personal de la Junta de Supervisión; Sección 104: Poderes de la Junta de Supervisión; Sección 105: Exención de responsabilidad por reclamaciones; Sección 106: Tratamiento de las acciones que surjan de la Ley; Sección 107: Presupuesto y financiamiento para la operación de la Junta de Supervisión; Sección 108: Autonomía de la Junta de Supervisión; Sección 109: Ética.

Responsabilidades de la Junta de Control Fiscal

Planes Fiscales y Presupuestos en Cumplimiento

 

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

El Título II de PROMESA especifica detalladamente cuáles son los deberes de la Junta de Supervisión. Este Título se divide en 12 secciones que regulan la aprobación de los planes fiscales del territorio o sus instrumentalidades; el proceso de aprobación de sus presupuestos; los efectos del incumplimiento de los planes fiscales aprobados; las revisión de las actividades para asegurar el cumplimiento de los planes fiscales; las recomendaciones de la Junta al territorio sobre la estabilidad financiera y la responsabilidad administrativa; qué deberes debe cumplir la Junta ante el proceso de reestructuración de la deuda; el poder de la Junta para emitir deuda nueva; los informes que la Junta podrá requerir; cuándo terminarán las funciones de la Junta; la inmunidad de los Estados Unidos en cuanto a la deuda existente o nueva; el análisis de los sistemas de pensiones de los empleados gubernamentales; y la capacidad de la Junta de intervenir en los litigios presentes y futuros. En este artículo discutiremos los trámites y requisitos para lograr los planes fiscales y presupuestos certificados.

Responsabilidades de la Junta de Control Fiscal (2da Parte)

Cumplimiento con los Planes Fiscales y Presupuestos 

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.[1]

 

Según discutimos en el artículo anterior, conforme las Secciones 201 y 202 del Título II de PROMESA, tan pronto como pueda ponerse en práctica, y una vez nombrados todos los miembros de la Junta de Control y su presidente, en el año fiscal en el que se estableció la Junta- que para Puerto Rico es el 2016-2017- y para cada año fiscal subsiguiente en que esta esté operando, la Junta notificará al gobernador un itinerario para los procesos de desarrollo, sumisión, aprobación y certificación de los planes fiscales y de los presupuestos. Esta notificación de la preparación puede ser, tanto para el presupuesto general del territorio, como para una instrumentalidad. Cada una de estas secciones establecía los requisitos que el plan fiscal o los presupuestos debían cumplir para que la Junta de Supervisión, en su entera discreción, certifique su aprobación.

EL TíTULO II DE PROMESA:

LA FUNDAMENTAL SECCIÓN 205 

Recomendaciones sobre la Estabilidad Financiera y la Responsabilidad Gerencial

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

Otros poderes significativos de la Junta de Supervisión Fiscal son los que se desprenden de la Sección 205 del Título II de PROMESA. 

Esta Sección permite que la Junta, en cualquier momento, someta recomendaciones al gobernador o a la legislatura en cuanto a acciones que deba tomar el gobierno territorial para garantizar el cumplimiento del plan fiscal o para, de cualquier otra manera, promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la gerencia responsable y la prestación de servicios eficientemente. 

Además de incluir unas áreas generales para las recomendaciones, la Sección 205 establece unas muy específicas, que podrían dar base a cambios significativos de nuestro ordenamiento político y económico.

EL TíTULO II DE PROMESA:

LAS SECCIONES 206 a la 212 DE PROMESA

OTROS PODERES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓN 


Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.[1]

 

Como explicamos en artículos anteriores, el Título II de PROMESA establece las responsabilidades de la Junta de Supervisión Fiscal. Ya discutimos aquellas facultades o responsabilidades relacionadas a la aprobación y cumplimiento de los planes fiscales y presupuestos, así como aquellas relacionadas a las recomendaciones que puede dar la Junta al gobierno territorial con el propósito de garantizar el cumplimiento del plan fiscal o para, de cualquier otra manera, promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la gerencia responsable y la prestación de servicios eficientemente. 

 EL TíTULO III DE PROMESA:

EL AJUSTE DE LAS DEUDAS

La quiebra del territorio o la instrumenstalidad


Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

El Código de Quiebras Federal contiene disposiciones para que una entidad gubernamental o municipalidad presente una petición para la liquidación o reestructuación de sus deudas. Esto se hace bajo el Capítulo 9 de la ley de Quiebras. Antes del 1984, Puerto Rico estaba incluido en las disposiciones del Capítulo 9, por lo que los municipios y corporaciones públicas tenían la oportunidad de ajustar sus deudas. 

En una movida del senador republicano Strom Thurmond, que no dejó constancia de sus fundamentos, Puerto Rico fue excluido a partir de 1984 de la definición de lo que es un Estado a los fines de la protección del Capítulo 9.

 EL TíTULO III DE PROMESA:

EL AJUSTE DE LAS DEUDAS

Leyes aplicables y definiciones

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

En el artículo de la semana pasada expusimos una visión panorámica del Título III de la Ley Promesa que establece el proceso para la reestructuración de las deudas, tanto del territorio, como de las instrumentalidades o subdivisiones políticas.  

El Título III depende de unos requisitos particulares para que la Junta de Supervisión Fiscal pueda determinar si se radica una petición de quiebra ante la Corte del Distrito Federal para Puerto Rico. Entre los requisitos más importantes está el que 5 de 7 miembros voten a favor de la reestructuración.  Esta votación se tiene que efectuar siempre y cuando la entidad del gobierno de Puerto Rico, el deudor en el trámite de deuda, haya sometido un plan fiscal que haya sido certificado por la Junta de Supervisión, que haya sometido información financiera pertinente que esté disponible al público, y que haya agotado gestiones de buena fe para negociar con sus acreedores, particularmente con los procedimientos establecidos en el Título IV de la Ley.  No obstante, no es necesario llegar a un acuerdo previo bajo el Título IV para que se pueda radicar la petición de quiebra.  

 EL TíTULO III DE PROMESA:

EL AJUSTE DE LAS DEUDAS

 Jurisdicción, Competencia, Apelaciones y Procedimientos

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

Las Secciones 304 a la 317 de la Ley PROMESA establecen disposiciones especiales para el proceso judicial de ajuste de deudas de los territorios e instrumentalidades. Estas disposiciones llenan vacíos o modifican disposiciones del Código de Quiebras federal, a los fines de adaptarlos al híbrido jurídico de este Título III.

La Sección 304 especifica que el caso comienza con la radicación de una petición, por la Junta de Supervisión, ante la Corte de Distrito Federal que corresponda. En el caso de Puerto Rico, es la de San Juan, a menos que la Junta decida presentarla en Washington, si se satisfacen los requisitos de la Sección 307. 

EL TíTULO III DE PROMESA: EL AJUSTE DE LAS DEUDAS Jurisdicción, Competencia, Apelaciones y Procedimientos 2

 EL TíTULO III DE PROMESA:

EL AJUSTE DE LAS DEUDAS

Presentación, Confirmación y Ejecución del Plan de Ajuste de Deudas 

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M[1]

 

Las secciones 312 a la 317 del Título III de PROMESA establecen los procedimientos específicos de la presentación y confirmación del plan de reestructuración de deudas, así como la compensación a los profesionales contratados.

El plan de reestructuración de deudas es un documento detallado que propone la manera en que el deudor estima que deben reorganizarse sus finanzas para poder emerger con una nueva situación financiera que le permita su sustentabilidad económica. En este plan, no solo se expondrán la manera en que se pagarán las obligaciones prioritarias y aseguradas, que generalmente requieren pago completo, aunque se pueda extender el término para hacerlo, sino también las fuentes de ingreso que se tendrán disponibles para realizar los pagos. 

 EL TíTULO IV DE PROMESA:

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

 Interpretación, Paralización Automática, Grupo de Trabajo e Informes 

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

En el Título IV de PROMESA agrupa, en las secciones 401 a la 413, una serie de disposiciones misceláneas e inconexas sobre diversos aspectos de los intereses de la política pública del Congreso en cuanto a Puerto Rico y los demás territorios. En este artículo expondremos una visión panorámica de estas disposiciones y en los próximos artículos, pasaremos a analizar en detalle sus detalles y consecuencias principales.

La Sección 401 expone la forma en que se interpretará el alcance de la Ley, particularmente, que no implica una limitación al poder del Congreso de ejercer su autoridad bajo la Cláusula Territorial del Artículo IV, sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos; que no autoriza a la Junta a citar funcionarios judiciales de los territorios y que no altera los tratados que tiene Estados Unidos con los territorios del Pacífico. Por lo que, el Congreso podría seguir legislando sobre los asuntos de los territorios, incluso hacer enmiendas a la Ley.

 EL TíTULO IV DE PROMESA:

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

Posibles Cambios a la Estructura Económica y Política

(Secciones 401-402, 409-411 y 413)

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

Como dijimos en el artículo anterior, el Título IV de PROMESA agrupa, en las secciones 401 a la 413, una serie de disposiciones misceláneas e inconexas sobre diversos aspectos de los intereses de la política pública del Congreso en cuanto a Puerto Rico y los demás territorios. En este artículo, y en los próximos dos siguientes, agruparemos las diferentes secciones del Título IV por temas para ayudar a su comprensión. En este artículo abordaremos las secciones que podrían dar base a cambios en las relaciones económicas y políticas de Puerto Rico.

Según discutido en el tercer artículo de esta serie, donde expusimos sobre las 22 definiciones que contiene la Ley en sus disposiciones iniciales, el Congreso puede fijar criterios para controlar la manera en la cual se interpreta la Ley conforme a su intención legislativa. La Sección 401 expone criterios adicionales que controlan la forma en que se interpretará el alcance de la Ley. Estos criterios ser refieren particularmente a que la Ley no implica, (1) una limitación al poder del Congreso de ejercer su autoridad bajo la Cláusula Territorial del Artículo IV, sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos; (2) no autoriza a la Junta a citar funcionarios judiciales de los territorios conforme a lo dispuesto por la Sección 104(f) de la Ley; (3) que no altera, enmienda o deroga el convenio que tiene Estados Unidos con las Islas Marianas del Norte; y, (4) que no altera, enmienda o deroga el tratado que tiene Estados Unidos con las Islas de Samoa Americana.

 EL TíTULO IV DE PROMESA:

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

La paralización automática y remedios contra transferencias  

(Secciones 405 y 407)

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

Como discutimos anteriormente, el Título IV de PROMESA agrupa, en las secciones 401 a la 413, una serie de disposiciones misceláneas e inconexas sobre diversos aspectos de los intereses de la política pública del Congreso en cuanto a Puerto Rico y los demás territorios. En este artículo abordaremos las secciones 405 y la 407, que establecen la paralización automática de litigios y la prohibición de transferencias de activos entre las agencias del gobierno que actualmente están en disputas en la Corte Federal.

La Sección 405 establece la famosa paralización automática de todo litigio en contra del Gobierno de Puerto Rico que tenga el propósito de hacer valer una reclamación de obligación.

 EL TíTULO IV DE PROMESA:

DISPOSICIONES MISCELÁNEAS

Disposiciones laborales y de Pequeños Negocios  

(Secciones 403, 404, 408 y 412)

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

En este artículo abordaremos las secciones 403, 404, 408 y 412 del Título IV de PROMESA, que establecen disposiciones laborales y sobre pequeños negocios. Estas disposiciones podrían tener un impacto directo en las pequeñas y medianas empresas, así como en los trabajadores jóvenes de Puerto Rico, ocasionando diferentes efectos, positivos y negativos, para la población y la maltrecha economía del país.

Mediante la Sección 403, el Gobernador de Puerto Rico, sujeto a la aprobación de la Junta, podrá designar un término no mayor de cuatro años, durante el cual los patronos podrán pagar a los empleados menores de 25 años, que contraten luego de la fecha de la puesta en vigor de la Ley, un salario menor al salario mínimo de $7.25 por hora. Este salario, sin embargo, no podrá ser menor de $4.25 por hora. Sin importar el término designado por el Gobernador, este salario por hora no continuará vigente una vez la Junta haya terminado de operar.

 EL TíTULO V DE PROMESA:

Revitalización de la Infraestructura Vital de Puerto Rico

Emergencias, proyectos “Críticos” y procedimiento expedito   

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 En este artículo abordaremos el Título V de PROMESA, que establece disposiciones en torno a la Revitalización de la Infraestructura Vital de Puerto Rico. De acuerdo al Congreso de los Estados Unidos, el propósito de este Título es establecer unos procesos acelerados de revisión y concesión de permisos de ciertos proyectos de infraestructura (critical projects) dentro de Puerto Rico.

Mediante este Título, se establece un proceso de revisión expedito para proyectos certificados como “proyectos críticos”, se crea la posición del Coordinador de Revitalización y se añaden disposiciones destinadas a acelerar el proceso de permisos y aumentar el papel de supervisión del gobierno federal en estos trámites.

TITULO VI: ACCIONES COLECTIVAS DE LOS ACREEDORES

Negociación Voluntaria de la Deuda de Puerto Rico

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

La Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act establece en su Título VI, un procedimiento extrajudicial de negociación con los acreedores de bonos con resultados vinculantes (collective actions). Es decir, que lo que acuerde la mayoría de los bonistas de cada instrumentalidad, conforme a lo establecido en el procedimiento, obliga a todos, aun a los que no estuvieron de acuerdo o no participaron en su determinación.

El concepto “Collective Action Clauses” (CACs) proviene de los bonos de deuda soberana de Reino Unido, que cuentan con unas cláusulas que vinculan a las personas que compran los bonos y que establecen el trámite a seguir en caso de que sea necesario reestructurar la deuda. Este concepto es ajeno al mercado de bonos municipales de los Estados Unidos, porque la ley federal establece que, para modificar el principal, el interés o las condiciones de pago de un bono municipal, es indispensable que todos los tenedores de los bonos estén de acuerdo.

TÍTULO VII: LA INTENCIÓN DEL CONGRESO EN CUANTO A LAS REFORMAS FISCALES PERMANENTES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Reflexiones finales sobre la Ley y sus efectos en Puerto Rico

Lcdo Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M

Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

La Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act contiene un último Título VII, con una sola sección, que parece muy general y ambigua, pero que, en el análisis detallado, puede ser muy reveladora. Dicho Título VII dispone literalmente:

TITLE VII—SENSE OF CONGRESS REGARDING PERMANENT, PRO-GROWTH FISCAL REFORMS

SEC. 701. SENSE OF CONGRESS REGARDING PERMANENT, PRO-GROWTH FISCAL REFORMS.

It is the sense of the Congress that any durable solution for Puerto Rico’s fiscal and economic crisis should include permanent, pro-growth fiscal reforms that feature, among other elements, a free flow of capital between possessions of the United States and the rest of the United States.

El Contralor General federal no audita la deuda


Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

Recientemente, los miembros del Senado aprobaron una Resolución Concurrente, mediante la cual intentan “exigirle” al Contralor General de los Estados Unidos cumplir con la alegada responsabilidad de auditar la deuda de Puerto Rico, que, según ellos, le impone la Ley PROMESA.  Es correcto que la sección 411 de la Ley PROMESA establece que el Contralor General deberá presentará al Congreso un informe sobre la deuda pública de cada territorio. Sin embargo, este informe no constituye una auditoría, según es necesaria para poder reestructurar correctamente la deuda de Puerto Rico.

Veamos:

De acuerdo a Real Academia de la Lengua Española, auditoría es una “revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse”.  Aplicando esta definición a la auditoría de la deuda de Puerto Rico, este proceso deberá determinar si las emisiones de bono realizadas por las pasadas administraciones cumplieron con las leyes y reglamentos aplicables.  

Publican serie de artículos sobre el proceso del Título III de PROMESA

Indispensable conocer el trámite que afectará a todos los acreedores del gobierno y sus corporaciones públicas

Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M. 

Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.  

La radicación el 3 de mayo de 2017, de un caso de ajuste de deudas territorial bajo el Título III de la Ley PROMESA, es un evento que va a afectar, no solamente al gobierno de Puerto Rico y sus bonistas, sino también a todas las personas que tienen relaciones de negocios o créditos en contra del gobierno.  

Recientemente, los abogados practicantes del derecho de quiebras y socios del Bufete Emmanuelli, C.S.P., Rolando Emmanuelli Jiménez y Yasmin Colón Colón, publicaron el Libro "PROMESA", donde hicieron una explicación detallada, pero sencilla, sobre lo que implica esa Ley para Puerto Rico.  

EL TÍTULO III DE PROMESA: AJUSTES DE LAS DEUDAS
                                    
Trámites Iniciales del Proceso

Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.  

Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M. 

Ante el fracaso de las gestiones del gobierno de Puerto Rico para lograr acuerdos con los bonistas bajo el Título VI de PROMESA, junto a la demanda radicada ante los tribunales federales por un grupo de bonistas, que amenazaba gravemente los fondos del Departamento de Hacienda, minutos después de una conferencia de prensa ofrecida por el Gobernador de Puerto Rico, el 3 de mayo de 2017, la Junta de Supervisión Fiscal (la Junta) radicó, ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, un caso bajo el Título III de la referida Ley. Igualmente, el 5 de mayo, la Junta radicó la petición del Título III para la Corporación del Fondo de Interés apremiante (COFINA).

A pesar de ser considerados casos voluntarios, no es el gobierno de Puerto Rico quien tiene la facultad de presentar la petición de ajuste de deudas, sino la Junta. Esto es así, pues, según la Ley PROMESA, la Junta es el representante del gobierno de Puerto Rico y ejerce las funciones de Síndico en todo caso radicado bajo el Título III y, por lo tanto, podrá tomar cualquier acción necesaria en nombre de Puerto Rico dentro de ese procedimiento. Entre las facultades que posee la Junta se encuentran radicar la petición bajo el Título III, y presentar y modificar el plan de ajuste de deudas para el gobierno de Puerto Rico y las instrumentalidades cubiertas para las cuales haya un plan fiscal certificado.

Al radicar los casos bajo el Título III se activó una paralización automática de todas las reclamaciones contra el gobierno de Puerto Rico y COFINA. Esta paralización es más amplia que la que estuvo vigente hasta el 1 de mayo, bajo la sección 405 de la Ley, pues son aplicables las secciones 362 y 922 del Código de Quiebras Federal.  Al ser aplicables varias secciones del Código de Quiebras federal, la radicación del caso bajo el Título III paraliza, no solo las acciones judiciales o extrajudiciales de cobro de dinero de todos los acreedores contra el gobierno de Puerto Rico, sino también las acciones contra sus oficiales y habitantes -si la reclamación tiene por objeto hacer cumplir una reclamación contra el gobierno-; y la ejecución de un gravamen contra los impuestos adeudados al gobierno.  

A tenor con la sección 304(i) de PROMESA, la radicación del caso bajo el Título III no paraliza el derecho de un tenedor de bonos a votar a favor o en contra de una modificación elegible bajo el Título VI. Es decir, la radicación del caso no paraliza las gestiones para lograr acuerdos voluntarios con los acreedores bajo el Título VI de la Ley. De hecho, la petición del caso radicada bajo el Título III indica que se radicó con el propósito de lograr una nueva paralización de los litigios pendientes para continuar las gestiones en aras de intentar llegar a un acuerdo con los acreedores.  

Igualmente, el 3 de mayo, la Junta publicó la carta de compromiso que otorgara con la compañía Prime Clerk, LLC, para que sirva de agente de cómputo, de información y de notificación, requeridos para completar el proceso de ajuste de deudas bajo el Título VI de la Ley. Esto significa que es ahora, con posterioridad a radicar el caso bajo el Título III, que la Junta y el gobierno de Puerto Rico comenzarán realmente las negociaciones con los acreedores, según les requiere la Ley PROMESA, para intentar lograr un acuerdo bajo el Título VI.  Las gestiones realizadas previo a la radicación del caso, no cumplían en su totalidad con los requisitos establecidos en el referido Título VI. De acuerdo a la carta de compromiso, Prime Clerk servirá de agente de Solicitud, Notificación y Reclamaciones, bajo el Título III de la Ley.  Esto significa que, de no lograrse un acuerdo de ajuste de deudas, bajo el Título VI, se procederá a presentar el plan requerido bajo el Título III, siendo Prime Clerk la entidad encargada, entre otras funciones, de identificar y notificar a todos los acreedores los documentos y notificaciones presentados en el caso, llevar el registro de las reclamaciones presentadas, y solicitar la votación de los acreedores, tabular los resultados de la votación en torno al plan de ajuste de deudas que la Junta presente, y administrar y coordinar las distribuciones realizadas conforme al plan aprobado.  Prime Clerk proveerá, además, un sistema de interface electrónico para la radicación de las reclamaciones de los acreedores. El 9 de mayo, la Junta presentó una solicitud para que el tribunal apruebe la contratación de Prime Clerk LLC.

Para completar el trámite inicial, deberá emitirse en cada caso una notificación de la radicación y la orden de paralización. Esta notificación deberá publicarse, al menos una vez en semana, por 3 semanas consecutivas, en un periódico de circulación general en Puerto Rico, y cualquier otro periódico que el tribunal designe, que sea de circulación entre los corredores y tenedores de bonos.  Esta notificación, requisito de la sección 923 del Código de Quiebras, cumple el propósito de notificar a todos los acreedores del gobierno de Puerto Rico de la radicación del caso. El 9 de mayo, la Junta presentó una solicitud para que el tribunal emita la notificación requerida por la referida sección 923.

Otro de los pasos iniciales en el caso es el nombramiento del Juez o la Jueza que presidirá el caso. En el caso del gobierno de Puerto Rico, este sería nombrado por el juez presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, quien designó a la jueza Laura Taylor Swain, del Distrito Sur de Nueva York. Laura Taylor Swain fungió en sus inicios como jueza de quiebras para el Distrito este de Nueva York. Además, presidió casos relacionados a fraude y crisis financiera. En el caso de COFINA, al no ser un territorio, el juez que presidirá el caso debía ser nombrado por el juez presidente del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones, Jeffrey R. Howard, a menos que la Junta presentara una solicitud para que se ordene la administración conjunta de los casos. Administración conjunta significa que los casos se tramitarán conjuntamente, pero no implica que se consolidarán los caudales.  Es decir, continúan como casos individuales, pero tramitados conjuntamente por el mismo juez. La Junta presentó el 9 de mayo su solicitud de administración conjunta.  De aprobarse, la jueza Laura Taylor Swain presidirá ambos casos de manera conjunta.

Los tribunales con jurisdicción original y exclusiva para atender un caso bajo el Título III son los tribunales federales de distrito. Por ende, ningún caso relacionado al Título III podrá presentarse ante ningún tribunal estatal, ni el tribunal federal de quiebras. A pesar de que el caso fue radicado en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, la Junta, a su entera discreción, podría posteriormente determinar que el tribunal apropiado para juzgar el caso del caso sea cualquier otro tribunal dentro del distrito en el cual mantenga una oficina. Para esta decisión, podrá tomar en consideración, entre otras: los recursos del tribunal de distrito para juzgar un caso o proceso; y el impacto que pueda tener sobre los testigos que podrían ser llamados a dicho caso o proceso.  Actualmente, la Junta posee una oficina en la Ciudad de Nueva York. Por lo que, considerando el nombramiento de la jueza Laura Taylor Swain, no puede descartarse la posibilidad de que en algún momento la Junta determine que el tribunal de distrito apropiado para continuar el caso o radicar peticiones nuevas es el Distrito Sur de Nueva York. 

El procedimiento de ajuste de deudas del Título III de PROMESA es un híbrido entre las disposiciones del Capítulo 9, que regulan las quiebras de las municipalidades, y las de Capítulo 11 del Código de Quiebras, que regulan, como regla general, las quiebras de los negocios. Este híbrido se construyó tomando una larga lista de disposiciones de la Ley de Quiebras, que, junto a unas definiciones especiales, se agruparon en la Sección 301.[1] Además, la Sección 301 adopta una larga lista de secciones del Código de Quiebras que hacen aplicables particularmente los capítulos 1, 3 y 5, que versan sobre los procedimientos generales que rigen todos los Capítulos de ese Código Federal. Para la administración apropiada de estas disposiciones, la Ley dispone que aplicarán las Reglas federales de procedimiento para los casos de quiebras.

Bajo el Título III de PROMESA, tanto el gobierno de Puerto Rico, como aquellas instrumentalidades cubiertas para las cuales haya o estén sujetas a un plan fiscal certificado por la Junta, y que deseen efectuar un plan de ajuste de deudas, pueden radicar un caso ante el tribunal federal. Previo a la radicación de los casos, la Junta debe cumplir con el requisito de emitir una certificación de restructuración para cada entidad. Los requisitos para la Junta emitir una certificación de reestructuración, los cuales se encuentran en la sección 206 de PROMESA, son:

EL TÍTULO III DE PROMESA: AJUSTES DE LAS DEUDAS
                                    

Acreedores, Suplidores y Personas Afectadas por el Proceso

Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.  

Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M. 

El 3 y el 5 de mayo de 2017 representan fechas de suma trascendencia en la historia de nuestro País, al ser estos los días en que la Junta de Supervisión Fiscal (la Junta) radicó una petición bajo el Título III de PROMESA, declarando la quiebra del gobierno de Puerto Rico y de COFINA. El caso del gobierno de Puerto Rico es, además, el mayor caso de quiebra de una instrumentalidad gubernamental en la historia de los Estados Unidos.

El proceso de Título III afecta directamente, no solo a los tenedores de bonos emitidos por el gobierno y COFINA, sino a todos aquellos acreedores y suplidores a los cuales se les adeude dinero.  La radicación de los casos bajo el Título III tiene un impacto inmediato y sustancial en aquellas empresas locales que tienen contratos con el gobierno y a las cuales se les adeudan los pagos de las facturas. Igualmente, afecta directamente las personas o entidades que tienen casos pendientes en los tribunales contra el gobierno, sean de cobro de dinero, laborales o de daños y perjuicios.

EL TÍTULO III DE PROMESA: AJUSTES DE LAS DEUDAS

Los Protagonistas y Actores Secundarios del Proceso

Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.  

Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M. 


En un caso radicado bajo el Título III de la Ley PROMESA participan varias figuras importantes, cuyos roles y facultades están establecidos en la Ley, en conjunto con aquellas secciones del Código de Quiebras Federal incorporadas mediante la sección 301. Estas figuras, a las cuales les llamamos los protagonistas y los actores secundarios del proceso, son los siguientes:

El primer protagonista es el Gobierno de Puerto Rico y/o aquellas instrumentalidades para las cuales se radique un caso bajo el Título III, conocidos como “el deudor”. A pesar de ser la figura que le da vida al caso bajo el Título III, en el proceso el deudor es tratado como un menor de edad o incapaz. Esto es así, pues no puede comparecer por sí mismo ante el tribunal, sino por medio de la Junta de Supervisión Fiscal (la Junta), quien es su representante, a tenor con la sección 315 de la Ley.  

Es sabido, además, que el Gobernador de Puerto Rico o, en este caso, Elías Sánchez, representante de Ricardo Rosselló Nevares ante la Junta, es un miembro ex oficio, con derecho a ser oído, pero sin derecho al voto. Por tanto, más allá de intentar mover la discreción de los miembros de la Junta, no tiene ningún poder decisional en el caso de Título III y demás asuntos y procesos establecidos en la Ley PROMESA. 

El Gobierno de Puerto Rico, sin embargo, mantiene la facultad de ejecutar sus poderes políticos o gubernamentales, incluyendo los gastos para llevar a cabo dicho ejercicio. Claro, esto también sujeto a las limitaciones que la Ley PROMESA dispone, entre ellas, que ninguna ley, sentencia judicial u orden ejecutiva emitida por el gobierno puede afectar los derechos de los tenedores de cualquier tipo de deuda del territorio o instrumentalidad, quienes son parte de los acreedores sujetos al proceso de Título III.  Otra limitación que le impone la Ley es que no se pueden hacer nuevas emisiones de bonos sin la aprobación de la Junta.

Como segundo protagonista se encuentra la Junta, quien juega un papel de suma importancia y envergadura en el proceso de Título III.  Primeramente, la Junta, es el representante del deudor en el caso, con facultad para tomar cualquier acción necesaria a nombre del deudor para procesar el caso, incluyendo radicar una petición a tenor con la sección 304 de la Ley, o de cualquier otra manera someter documentos en relación al caso ante el tribunal.  Además, la Junta tiene el derecho exclusivo de someter o modificar un plan de ajuste de deudas a tenor con las secciones 312 y 313.

Unas de las facultades adicionales importantes de la Junta en un caso bajo el Título III es que tiene las mismas potestades que un Síndico nombrado en un caso de Quiebras. El Síndico es el encargado de administrar el caudal en un caso de quiebras. A pesar de que un caso de Título III se funda en el concepto del deudor en posesión, contrario a los casos de Capítulo 11 y Capítulo 9 de quiebras, el gobierno de Puerto Rico no puede ejercer, por sí mismo, todas las facultades que el Código de Quiebras le concede a un deudor en posesión.  Al decir Síndico, esto no se refiere al Síndico de los Estados Unidos, quien es un funcionario del Departamento de Justicia Federal del cual hablaremos más adelante en este artículo. 

En un caso de Capítulo 11, que es, como regla general, una quiebra de negocios, se podría designar a un Síndico luego de presentarse una solicitud por parte interesada- que podría ser un acreedor- y celebrarse una vista ante la corte en la que se demuestre que existe causa para el nombramiento. Las razones para solicitar el nombramiento de un Síndico en un caso de Capítulo 11 incluyen fraude, deshonestidad, incompetencia o negligencia crasa en el manejo de las finanzas del deudor. En estos casos, el Síndico asignado, entre otras, tiene la facultad de administrar los bienes del caudal, operar los negocios del deudor y, de ser apropiado, presentar el plan de reorganización. En un caso de Capítulo 9, esta limitación es aún más amplia que en un Capítulo 11, pues no existe la posibilidad de nombramiento de un Síndico que supervise y administre el caso y/o el caudal.  Esto es así, debido a la naturaleza del procedimiento, al tratarse el deudor de una entidad gubernamental. 

El Título III de PROMESA le concede a la Junta distintas facultades, que incluyen: