El Contralor General federal no audita la deuda


Lcda. Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.[1]

 

Recientemente, los miembros del Senado aprobaron una Resolución Concurrente, mediante la cual intentan “exigirle” al Contralor General de los Estados Unidos cumplir con la alegada responsabilidad de auditar la deuda de Puerto Rico, que, según ellos, le impone la Ley PROMESA.  Es correcto que la sección 411 de la Ley PROMESA establece que el Contralor General deberá presentará al Congreso un informe sobre la deuda pública de cada territorio. Sin embargo, este informe no constituye una auditoría, según es necesaria para poder reestructurar correctamente la deuda de Puerto Rico.

Veamos:

De acuerdo a Real Academia de la Lengua Española, auditoría es una “revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse”.  Aplicando esta definición a la auditoría de la deuda de Puerto Rico, este proceso deberá determinar si las emisiones de bono realizadas por las pasadas administraciones cumplieron con las leyes y reglamentos aplicables.  

Según dispone la propia Resolución Concurrente, la sección 411 de la Ley PROMESA establece que el Contralor General deberá someter al Congreso, en un término no mayor de un año luego de aprobado el estatuto, y al menos una vez cada dos años, un reporte de la deuda pública de Puerto Rico, que incluya: 1) los niveles históricos de la deuda pública, 2) la cantidad corriente y composición actual de la misma y las proyecciones futuras de la deuda pública de cada territorio; 3) los datos históricos de ingresos, cantidad y composición de éstos y las proyecciones futuras de recaudos. El informe, por tanto, tiene el enfoque limitado de determinar la capacidad de Puerto Rico de repagar la deuda presente y futura, pero no se extiende a determinar qué parte de la deuda, si alguna, se emitió en violación a las leyes y los reglamentos aplicables.

Esta interpretación se confirma con la sección 413 de PROMESA, la cual dispone que la aprobación de la Ley no restringirá la capacidad de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico para presentar sus informes, los cuales serían eventualmente evaluados por el gobierno de Puerto Rico y la Junta.  

Es decir, PROMESA establece que en torno a la deuda de Puerto Rico se llevarán a cabo dos análisis independientes y distintos, uno para determinar la capacidad de repago, por medio del Contralor General; el otro, por medio de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico, para determinar la legalidad de la deuda emitida.

Ante la inminencia de la radicación de un caso bajo el Título III de la Ley PROMESA para poder mantener una paralización de los múltiples litigios que están pendientes ante el foro federal, es de suma importancia la auditoría de la deuda. La razón para esto es bien sencilla, y no tiene que ver con identificar los culpables, si alguno, de posibles delitos cometidos. La respuesta estriba en la clasificación de la deuda para propósitos del caso de quiebra bajo el Título III.  Aquella deuda emitida en violación a las leyes aplicables no podrá tener el mismo tratamiento que la que sí se emitió en cumplimiento con estas.

Corresponde, por tanto, a los miembros de la Legislatura, así como al gobernador, darle al asunto la seriedad necesaria, promover y exigir una auditoría real de la deuda. La Resolución Concurrente aprobada no cumple este propósito y solo busca promover los intereses personales de los miembros de la clase política en miras de una reelección.

[1] Socia del Bufete Emmanuelli, C.S.P., estudio de abogados y notaría ubicado en Ponce, Puerto Rico.


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